El Estado salvadoreño "se debe hacer cargo de esa realidad", indicó la activista, y añadió que "lo que Teodora vivió es una injusticia, son años que nadie se los va a devolver".
"Agradecemos la solidaridad de todas las organizaciones sociales, nacionales e internacionales, que nos han acompañado en esta lucha, porque esto es lo que al fin y al cabo hace avanzar los procesos de país: el trabajo colectivo y el compromiso por transformar las violencias estatales y patriarcales", observó García.
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador determinó que en el caso de Vázquez "existen razones poderosas de justicia, equidad y de índole jurídicas que justifican favorecerla con la gracia de la conmutación".
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En 2007, Vásquez sufrió una emergencia obstétrica durante su embarazo y "tuvo un parto extrahospitalario en los baños de la institución educativa donde trabajaba, añade el comunicado, en el que se señala que la mujer llamó al 911 en busca de ayuda, pero nadie la auxilió.
"En el juicio no se presentaron pruebas contundes de la existencia de un delito", agrega el texto.
Las mujeres salvadoreñas podían abortar en casos de violación o si la salud del bebé o de la madre estaban en peligro, hasta que una ley terminó con esas libertades en 1998.
Otro de los casos más conocidos en El Salvador es el de Teresa Rivera, condenada en 2012 a 40 años de prisión tras sufrir una emergencia obstétrica sin saber que estaba embarazada y quien recuperó su libertad en mayo de 2016 después de que la justicia declarara nula la sentencia argumentando errores procesales.
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