El 9 de febrero de 2017, el juez Richard Concepción dictó prisión preventiva de 18 meses en su contra por presuntamente recibir 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y ordenó su captura internacional.
Desde entonces, el Gobierno peruano intenta por las vías de la deportación y la extradición que EEUU le entregue a Toledo para juzgarlo.
Toledo también tiene una orden de captura y una condena de prisión preventiva en su país por 18 meses de prisión por el caso Ecoteva.
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En abril de 2017, el juez Mario Guerra, del Juzgado Penal 16 de Lima, dictó 18 meses de prisión preventiva para el exjefe de Estado, su esposa Eliane Karp, el empresario Josef Maiman y el exjefe de seguridad presidencial Avraham Dan On por ese caso.
La Justicia le imputa a Toledo en ese caso el delito de lavado de activos por las compras de inmuebles realizadas por su suegra con dinero que provendría de presuntos actos de corrupción durante su mandato presidencial.
En su visita a Perú el 6 de enero, el secretario de Estado (canciller) de EEUU, Rex Tillerson, dijo que es el Departamento de Justicia de su país el encargado de la extradición de Toledo.
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"Ellos son los que toman la decisión sobre ese particular", indicó al ser consultado por periodistas en rueda de prensa.
El 22 de enero pasado, su abogado, Heriberto Benítez, presentó un recurso para "que se declaren nulas las arbitrarias prisiones preventivas de 18 meses y las órdenes de captura nacional e internacional" en los casos Odebrecht y Ecoteva, publicó el diario El Comercio.
Los tres recursos fueron rechazados por la Justicia peruana.
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Toledo, además de ser político, es economista; entre 1994 y 2016 fue presidente del partido Perú Posible.
