"El proyecto de ley que ha aprobado el Gobierno incorpora cuatro líneas de nuevos delitos cuya incorporación a la prisión permanente revisable nos parece razonable", dijo en rueda de prensa el ministro español de Justicia, Rafael Catalá.
Actualmente, la prisión permanente revisable —máxima pena privativa de libertad en España— solo es aplicable en ocho supuestos, la mayoría de ellos por asesinato: homicidios múltiples; contra víctimas especialmente vulnerables; tras violación o como parte de una organización criminal o terrorista.
Ahora, el Gobierno de Mariano Rajoy quiere incluir cuatro nuevos supuestos: asesinato con obstrucción de la recuperación del cadáver, asesinato tras secuestro, violaciones en serie o violación a un menor tras secuestro y la comisión de asesinatos que pongan en peligro estructuras críticas.
Esta propuesta llega después de que en diciembre las autoridades encontraran en el fondo de un pozo, tras dar con el culpable, el cadáver de una joven de 18 años que estaba desaparecida desde agosto de 2016.
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El caso recibió una gran cobertura de los grandes medios de comunicación, hasta el punto de que el padre de la joven se encuentra encabezando una campaña en defensa de la prisión permanente revisable, que fue aprobada por el Partido Popular en la pasada legislatura, cuando tenía mayoría absoluta.
El ministro de Justicia afirmó que la voluntad del Gobierno no es otra que atender la "demanda social" para endurecer las penas de algunos delitos "muy graves".
Además, aprovechó la ocasión para negar que la prisión permanente revisable sea, tal y como dice la oposición, una cadena perpetua encubierta.
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La prisión permanente revisable conlleva el cumplimiento íntegro de penas de entre 25 y 35 años de prisión, tras lo cual se realiza una revisión del caso sometida a una serie de condiciones.
Tanto partidos de la oposición —a excepción de Ciudadanos— como asociaciones de jueces y fiscales creen que la medida es contraria al principio de reinserción y que las penas previstas carecen de cualquier principio de proporcionalidad para evitar condenas inhumanas.
Mientras buena parte de la oposición trabaja por la derogación de la prisión permanente revisable, el Partido Popular de Mariano Rajoy intentará que el Congreso apruebe el proyecto de ley para su ampliación.
