"Los integrantes de la CIDH escucharon a funcionarios del Gobierno federal para elaborar una agenda de diligencias a seguir en el año 2018", dijo a esta agencia Sergio Ferrer, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, estado de Guerrero (sur).
La misión de la CIDH, que cumplió dos días de trabajo, escuchó las quejas de las familias de los jóvenes de origen campesino e indígena que fueron balaceados y secuestrados la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías y sicarios confabulados en la ciudad de Iguala (220 kilómetros al sur de la capital), cuando viajaban en cinco autobuses a participar en una manifestación en la Ciudad de México.
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Los funcionarios del organismo de la Organización de los Estados Americanos también recibieron informes del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, en el marco de la quinta visita oficial del Mecanismo Especial de Seguimiento, dijo el portavoz del centro independiente.
El padre de uno de los jóvenes dijo además a los jueces que los familiares solo quieren "la verdad y la justicia, para saber el paradero de nuestros hijos y a ustedes les corresponde darnos una respuesta".
En las reuniones con el máximo tribunal participaron además abogados del jesuita Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
Los familiares de las víctimas de desaparición forzada expresaron sus inconformidades frente a las causas penales estancadas y las nuevas acusaciones abiertas.
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Los abogados exigieron "excluir toda prueba ilícita de las investigaciones, y que sean peritos del CJF, no de la Procuraduría General de la República, quienes efectúen el protocolo internacional de Estambul a los acusados que han referido tortura".
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH cuestionó la investigación y las conclusiones basadas en declaraciones de sicarios del narcotráfico, ligados a las policías municipales de Iguala, que habrían confesado bajo tortura.
Asimismo descubrieron diligencias ilegales que no fueron incluidas en el expediente oficial por el entonces titular de la Agencia de Investigación Federal, Tomás Zerón, actual titular del Consejo de Seguridad Nacional.
El jefe máximo de la corporación federal de investigación trasladó en helicóptero a un sicario, que habría sido torturado, a orillas del río donde un día después fueron encontraron restos humanos calcinados, que permitieron identificar solo a un alumno desparecido, en un laboratorio de genética forense en Innsbruck, Austria.