"México rechazó el apoyo de la cooperación internacional en la audiencia CIDH por crímenes de lesa humanidad durante la audiencia pública", dijeron en un comunicado representantes del Centro Diocesano para los Derechos Humanos 'Fray Juan de Larios', la Comisión Mexicana de Defensa y promoción de los DDHH y la Federación Interamericana en la materia (FIDH).
La negativa gubernamental fue expresada a pesar de que las autoridades aceptaron que el Estado de Coahuila ya colabora con un grupo de asesores internacionales sobre violaciones graves cometidas en esa provincia del norte de México.
Los representantes del Gobierno mexicano "rechazaron en forma contundente aceptar el establecimiento del Consejo Asesor, recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con composición internacional de personas expertas en la materia".
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Los abogados ciudadanos señalaron "la falta de voluntad política y capacidad institucional para investigar y sancionar asesinatos, desapariciones y tortura en México, la política deliberada del Estado de cometer crímenes atroces y la compenetración de organizaciones criminales con autoridades estatales".
Los denunciantes señalan la "responsabilidad directa de las autoridades estatales responsables de la seguridad, a través de las fuerzas especiales, en la comisión de crímenes de lesa humanidad".
Las organismos civiles documentaron dos casos particularmente violentos: la llamada Masacre de Allende y el caso del Penal de Piedras Negras, donde los criminales ejecutaban a personas y desintegraban los cuerpos.
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Por su parte, la delegación del Estado mexicano se comprometió a la investigación y sanción de los asesinatos, torturas y desapariciones forzadas, pero rechazó expresamente cualquier tipo de cooperación internacional para revertir la impunidad en el país, durante tres audiencias públicas, junto con comisionados de la CIDH y representantes de la sociedad civil.
Entre los avances, la Cancillería, la Procuraduría General y la Secretaría de Gobernación (Interior) señalaron "un nuevo sistema de justicia penal acusatorio en todo el país", que opera con el principio de presunción de inocencia y medidas alternativas a la prisión preventiva.
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Asimismo, destacaron la reciente entrada en vigor de la Ley General contra la tortura y la aprobación de la Ley General en materia de desaparición forzada.