El representante para México, Centroamérica y Cuba del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) expresó su satisfacción por la promulgación de la nueva ley, "la cual establece una base sólida para resolver el problema de las personas desaparecidas y sus familiares en México".
En un acto en el que el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la ley, demorada durante casi tres años en el Congreso, el jefe de la misión del CICR dijo que la nueva legislación permitirá "atender las necesidades humanitarias generadas por la desaparición de personas en México".
Pero también hizo notar que las instituciones creadas deberán contar con los recursos necesarios para garantizar una implementación efectiva de dicha ley.
Gracias a los esfuerzos de la familias, de organizaciones de la sociedad civil, de los poderes Ejecutivo y Legislativo mexicanos, "esta ley contiene los elementos esenciales que sientan una base sólida para enfrentar la tragedia de la desaparición".
Desde que fue declarada la guerra contra el crimen organizado, con el despliegue de decenas de miles de militares en tareas de seguridad pública, ha dejado más de 32.000 personas desparecidas en una década, según un registro de la organización independiente Datacívica, presentado esta semana, además de más de 100.000 muertos por la violencia.
La Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas (perpetradas por agentes del Estado), Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas regula aspectos para la búsqueda de personas desaparecidas.
El CICR recordó al mandatario mexicano que tanto México como otros Estados "tienen obligaciones por el derecho internacional de prevenir la desaparición de personas y de responder a las necesidades humanitarias que generan": en primer lugar, el derecho de los familiares de conocer la suerte de sus seres queridos.
La ley también exige que se sancionan adecuadamente a los responsables de desapariciones de personas.
Desde el año 2012, el CICR ha desarrollado en México un diálogo humanitario con autoridades, y ha ofrecido asesoría técnica jurídica, forense y psicosocial para un trato digno hacia las familias de las personas desaparecidas.
