Principal sindicato boliviano convoca un paro nacional contra nuevo Código Penal

"Es un paro movilizado y popular", dijo el lunes el secretario ejecutivo del sindicato, Guido Mitma, en conferencia de prensa al anunciar que la COB se pondrá a la cabeza de las protestas contra el Código del Sistema Penal que promulgó el Gobierno el pasado 15 de diciembre.

Asimismo anunció que al paro de actividades le seguirán manifestaciones, que se realizarán el 11 de enero.

El paro será "indefinido si el Gobierno no atiende la demanda del pueblo boliviano", advirtió Mitma.

Para la central sindical el Código Penal genera "inseguridad" en los trabajadores.

"No se puede criminalizar la protesta, no se puede criminalizar la libertad de expresión, no se puede perseguir a los dirigentes", continuó el máximo dirigente laboral.

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El nuevo Código del Sistema Penal es rechazado por médicos, transportistas, periodistas, gremialistas, grupos religiosos o la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, entre otros sectores que se sienten amenazados.

La semana pasada, el presidente Evo Morales dispuso la derogatoria del artículo 205, que sancionaba la mala práctica médica con cárcel, inhabilitación y resarcimiento económico en caso de daños o muerte de un paciente, así como la del artículo 137, que era cuestionado por el sector del transporte debido a que endurecía las penas en caso de muertes en accidentes de tránsito mediante el delito de homicidio culposo.

A esas observaciones se han sumado otras referidas a la penalización por injurias, calumnias, infamias a través de medios de comunicación (artículos 309, 310 y 311) que, según las organizaciones de prensa, vulneran la Ley de Imprenta que procesa ese tipo de faltas.

Asimismo, los artículos 293,294 y 295 son vistos por los sindicalistas como un atentado al derecho a la protesta porque sancionan con tres y cuatro años de cárcel a quienes generen acciones que promuevan el incumplimiento de las leyes (sedición) o sean parte de algún grupo armado que se atribuyan "los derechos del pueblo".

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Por su parte, grupos religiosos han cuestionado el artículo 88 que sanciona el "reclutamiento de personas para su participación (…) en organizaciones religiosas o de culto".

En el caso de los gremialistas, estos rechazan la penalidad de cuatro a ocho años de prisión que impone el código cuando una persona no pague impuestos cuyo importe es superior a los 78.000 dólares.

Ante la ola de críticas, la Central Obrera Boliviana exige la abrogación total del Código.

Por su parte, el Gobierno calificó de "injustificadas" las protestas y acusó a sectores de oposición de orquestar una acción conspirativa contra la administración de Morales.

El 8 de enero el transporte pesado llevó a cabo bloqueos esporádicos de carreteras en los departamentos de La Paz, Santa Cruz (este), Cochabamba (centro), Oruro (sudoeste), Potosí (suroeste) y Tarija (sur), reportó el periódico La Razón.