"La resistencia contra la agudización del modelo extractivo es notable hace más de 10 años en estados del sur del país, como Chiapas [fronterizo con Guatemala], frente a la agresiva expansión de la minería de empresas canadienses, británicas y chinas", dijo la activista.
Esos conflictos entre ambientalistas y empresas multinacionales dedicadas a explotar recursos no renovables, ocurren "más allá de la coyuntura electoral, porque el modelo extractivo amoral es un despojo con una lógica depredadora que no cambia en las ofertas políticas", observó.
Según los testimonios recogidos por Otros Mundos, que integra la red internacional Amigos de la Tierra, en el centro de los conflictos de las comunidades indígenas están los intereses de empresas extranjeras, como la china Honour Up Trading, o las canadienses Riverside Resources y Blackfire Exploration.
Esta última explota 360.000 toneladas anuales de barita (sulfato de bario), utilizada para los lodos que se inyectan en la construcción pozos petroleros.
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Estas compañías han demostrado su agresividad para defender las concesiones otorgadas por el Estado, según la activista.
Además, "muchas concesiones mineras en manos de particulares operan con testaferros de origen mexicano", dijo.
Otros nombres de origen anglosajón, como British Gold, Millrock Resources, Mining Corporation o Radius Gold se han vuelto familiares para las comunidades indígenas que resisten agresiones por oponerse a las consecuencias de esos "megaproyectos", indicó Ramos.
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En la región costera del Pacífico sur mexicano los ecologistas calculan que casi 1,6 millones de hectáreas son blanco de grandes proyectos extractivos que abarcan casi 15 por ciento de la superficie de Chiapas.
A contracorriente
El trabajo de Otros Mundos y varias organizaciones ecologistas se ha enfocado en la urgencia de producir investigaciones independientes sobre los grandes proyectos de explotación de recursos naturales de la exuberante naturaleza de la zona fronteriza con Centroamérica.
En segundo lugar, los proyectos ambientales llamados de Reducción de Emisiones por Desforestación y Degradación, "son fondos de los países desarrollados para que sus empresas reduzcan las emisiones" de gases de efecto invernadero y justificar así la explotación de riquezas naturales en suelos extranjeros, aseguró.
Pero el llamado "modelo de explotación extractivista" deviene en "otras formas de control del territorio, que acusa a las comunidades por realizar sus actividades agrícolas tradicionales", afirmó Ramos.
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Otras inversiones que comprometen el cambio climático que calienta el planeta, derriten los polos y aumentan desastres naturales por inundaciones y huracanes, "están relacionadas con la expansión de ganadería extensiva, el cultivo masivo de palma aceitera y plantíos maderables", enumeró.
Frente a esa avalancha, las redes ciudadanas "buscamos clarificar otras formas de relacionarnos con los recursos naturales, resistir a la creación de grupos de poder que amedrentan a líderes comunitarios y criminalizan a quienes defiende su tierra y su forma de vida", dijo la responsable de Otros Mundos.
En el norte de Chiapas, ante la promesa de explotación de una docena de pozos petroleros, "los pueblos de la etnia soque se oponen al despojo de sus bienes naturales comunes", sostuvo Ramos.
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El fenómeno se extiende a otros estados del sur del país, como Guerrero y Oaxaca, con predominio de empobrecidas poblaciones indígenas, donde se concentran las etnias prehispánicas que viven en extrema pobreza.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería y el Movimiento en Contra de las Presas y en Defensa de los Ríos vinculan al sur de México con el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4).
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La vinculación de Otros Mundos con Centroamérica llevó a que uno de sus fundadores, el sociólogo Gustavo Castro Soto, fuera baleado en Honduras el año pasado y sobreviviera al mismo atentado en el que fue asesinada la líder ambientalista Berta Cáceres, por oponerse a un proyecto hidroeléctrico.
