"La premura con la que se ha hecho hace que se vea como algo demasiado burdo, no ha sido un proceso transparente; es una decisión política, fruto de un intercambio de favores, y eso es algo que aumenta la indignación en los sectores que están en contra del indulto", señaló Sulmont, profesor de la Universidad Católica de Perú.
El mandatario hizo el anuncio tras sobrevivir el 21 de dicirembre, gracias al apoyo de una parte de los sectores fujimoristas, a una iniciativa de destitución por "incapacidad moral" impulsada en el Congreso legislativo.
En ese sentido, Sulmont consideró que "no es casualidad" que el indulto a Fujimori se haya producido tan solo tres días después de que Kuczynski evitara su destitución.
"Ahí ha habido una negociación", sostuvo el sociólogo, quien señaló que "se pudo haber seguido un camino más transparente, no tan burdo, porque deslegitima la decisión de Kuczynski".
El docente recordó que el mandatario ha apostado a la estabilidad de su Gobierno tratando de acercarse a una facción del fujimorismo liderada por Keiko Fujimori, hija del expresidente y líder de Fuerza Popular (derecha).
La moción de "vacancia presidencial", prevista en la Constitución, fracasó el pasado 21 de diciembre al obtener 79 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones, cuando se debían alcanzar 87 voluntades, equivalentes a dos tercios del Congreso, para destituir al jefe de Estado.
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En la votación, 10 congresistas de Fuerza Popular, el ala mayoritaria del Congreso con 71 escaños de 130, se abstuvieron, entre ellos el hijo del expresidente Fujimori, Kenji Fujimori.
Renuncian tres congresistas oficialistas
El indulto a Fujimori también ha supuesto pérdidas para Kuczynski en su propia bancada, ya que tres congresistas anunciaron su renuncia: Alberto de Belaunde, Vicente Zeballos y Gino Costa.
En opinión de Sulmont, ahora habrá que ver "hasta qué punto los sectores antifujimoristas van a poder construir una movilización sostenible en el tiempo, aunque sin duda va a fortalecerse su causa en el mediano plazo".
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Fujimori, de 79 años de edad, cumplía una pena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos y delitos de corrupción cometidos durante su mandato.