La sentencia contra Glas "viola normas constitucionales, como el principio de favorabilidad y de retroactividad", y por tanto el vicepresidente "no va a renunciar" a su cargo porque "es inocente y no ha cometido ningún delito", explicó a la prensa el abogado Eduardo Franco Loor tras la lectura del fallo.
"Vamos a esperar que (la condena) sea notificada por escrito y, en el marco de la Constitución, el vicepresidente de la República va a apelar, pero hoy mismo vamos a pedir la suspensión condicional de la pena, con la finalidad de que el vicepresidente pueda, de la manera más inmediata, recuperar su libertad", dijo.
Este pedido, explicó el jurista, se sustentará en el hecho de que la condena a Glas se basó en el Código Penal anterior y no en el que está vigente desde 2014 y que establece que la sentencia de primera instancia "se podrá suspender a petición de parte", siempre y cuando el castigo "no exceda de cinco años".
Lea más: Vicepresidente ecuatoriano Glas recibió sobornos por $13,5 millones
Además, argumentó Franco Loor, la asociación ilícita entraña una pena de seis años según el Código Penal anterior, mientras que actualmente el mismo delito es sancionado con una pena de hasta cinco años.
El abogado defensor también alegó que "no es verdad que el delito haya sido debidamente comprobado en la etapa de juicio".
La fiscalía aseguró que Glas recibió sobornos de la constructora brasileña Odebrecht por un monto de aproximadamente 16 millones de dólares a través de su tío, el también procesado Ricardo Rivera.
Para probar este delito, la fiscalía se basó principalmente en el testimonio del ejecutivo de Odebrecht y exrepresentante de la firma en Ecuador, José Santos, quien aseveró que el vicepresidente estaba al tanto de los movimientos de la empresa y que además fue él quien facilitó el regreso de la compañía en 2010.
Lea también: Jorge Glas, uno de tres vicepresidentes latinoamericanos que cayeron en desgracia
El juicio contra el vicepresidente, que se inició el pasado 16 de noviembre, ha tenido una repercusión sin precedentes en los medios de comunicación, pues es la primera vez que un alto cargo es procesado, sometido a prisión preventiva y condenado sin ser destituido ni presentar su renuncia.