"La violencia contra quienes ejercen el periodismo ha sido una crisis para México por más de una década y a pesar de la creación por parte del Gobierno de mecanismos de protección y persecución, todavía la impunidad y la inseguridad siguen caracterizando esta situación a lo largo del país", dijeron en una declaración conjunta David Kaye y Edison Lanza, Relatores Especiales sobre libertad de expresión para la ONU y la CIDH, respectivamente.
Durante su misión, desde el 27 de noviembre al lunes 4 de diciembre, los Relatores Especiales se reunieron con más de 250 periodistas y miembros de las organizaciones de la sociedad civil, de 21 de los 31 estados de la federación mexicana.
Los relatores aplaudieron como "un paso loable" la creación de instituciones de protección de periodistas, pero indicaron que ahora las autoridades "deberían darles las herramientas para ser efectivas".
El objetivo último de la protección es "garantizar la seguridad de los y las periodistas [que] les permite recabar y difundir información sobre cuestiones del más alto interés público", dijeron los expertos, en la declaración conjunta difundida en México y sus sedes de Ginebra y Washington.
"Nos inspiró la pasión de las y los periodistas con quienes nos encontramos, su compromiso con su papel de informar a la sociedad mexicana y su anhelo de investigar sobre corrupción, crimen organizado u otros asuntos de interés público, sin importar los riesgos que saben que podrían enfrentar", expresan en la declaración conjunta.
Pero al mismo tiempo, Kaye y Lanza dijeron que "nos horrorizaron las historias que escuchamos de los periodistas, en las que presentaron una cruda imagen del ambiente hostil que han enfrentado".
Otro tema de preocupación son los informes sobre vigilancia gubernamental digital de periodistas, defensores de derechos humanos, políticos, entre otros.
Expresaron además su especial preocupación de que "la vigilancia parece haber tenido lugar sin controles legales y judiciales".
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El amplio rango de cuestiones examinadas incluyó "los esfuerzos para combatir la impunidad, el acceso a la información, la publicidad oficial, el pluralismo mediático, los derechos de las víctimas y expresaron preocupaciones alrededor de una ley de seguridad interior propuesta que afectaría negativamente la libertad de expresión".
Kaye, originario de EEUU, fue designado como relator especial por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en agosto de 2014, mientras que Lanza, de Uruguay, fue designado relator del CIDH en julio de 2014.
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