Camino peligroso: crecen los índices de violencia estatal en Argentina

La violencia policial en Argentina "ha pegado un salto gigantesco tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo", sostuvo Verdú en diálogo con Sputnik y agregó: "Estamos ante un Gobierno que intenta disciplinar la protesta e implementar el control social para contener el descontento popular en las barriadas populares".

El asesinato, el sábado 25 de noviembre, de Rafael Nahuel, un chico de 22 años de la comunidad mapuche, provocó indignación social en torno a los procedimientos policiales. El joven se encontraba ocupando tierras reclamadas como propias por la comunidad cuando fue asesinado por la espalda por personal de la Prefectura nacional en Villa Mascardi, Bariloche.

Este caso se suma al del joven artesano Santiago Maldonado quien se encontraba apoyando otra manifestación de la comunidad mapuche y tras un violento enfrentamiento con la Gendarmería desapareció el 1 de agosto. Su cuerpo fue hallado sin vida casi tres meses después. El caso aún conmociona al país.

Hace un año Correpi difundió la información acerca de que en los primeros 10 meses y medio de gestión de la Administración del presidente Mauricio Macri aumentaron las muertes por "gatillo fácil", expresión utilizada para indicar una utilización abusiva por parte de las fuerzas de seguridad de armas de fuego, generalmente presentada como una acción accidental o de legítima defensa.

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"Pasamos de una muerte cada 28 horas por gatillo fácil y tortura, a una cada 25. Por primera vez desde 1983 [vuelta a la democracia] vamos camino a superar la barrera infranqueable de un muerto por día", explicó Verdú.

Durante el primer semestre de 2017 se registraron al menos 343 casos de maltratos y torturas en cárceles federales de todo el país, según cifras de la Procuración Penitenciaria la República Argentina. Además, según un informe de la Defensoría de Casación, al comienzo de este año hubo más de 120 casos de tortura en la Policía Bonaerense. De esa cifra, casi la mitad corresponde a menores.

Las palabras pronunciadas desde el oficialismo tras la muerte del joven mapuche de 22 años provocaron indignación en la sociedad. La vicepresidenta argentina dijo: "El beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad"; mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró: "Le damos el carácter de verdad a la versión de Prefectura, no necesitamos pruebas".

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"Lo grave de las declaraciones es que revelan que las instrucciones fueron precisadas por el Gobierno. Esto demuestra que se están haciendo cargo de que no hay abusos, ni errores, ni fuerzas fuera de control, sino que hay una política de Estado orientada de esta manera", concluyó.