“No hay ninguna actividad, ni proceso de licenciamiento de ningún proyecto en área de páramo”, dijo el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, en una declaración televisada luego de declaraciones que en ese sentido hizo Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga, ciudad que se surte del agua proveniente del páramo de Santurbán.
El Gobierno “ha garantizado la protección del agua de los colombianos”, dijo Murillo, quien agregó que el proyecto “está sujeto a los procesos de licenciamiento que lidera la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales”, que aún evalúa la propuesta de la multinacional.
El jefe de la cartera de Ambiente aclaró que “el país puede tener la tranquilidad que no se va a hacer ni se está haciendo minería en páramos, porque está prohibida”, y destacó que “en ningún momento se ha descuidado la protección del agua de la población” de Santander, departamento cuya capital es Bucaramanga.
Por último, invitó a la población de Santander y del país a participar en los procesos de delimitación de los páramos, y aseguró que se publicarán todos los estudios que sirvieron de base para fijar los límites del Páramo de Santurbán.
Paralelo a esa visita, en Colombia la Corte Constitucional emitió un fallo según el cual “la protección de los ecosistemas paramunos se dificulta, en razón de la discusión que existe sobre el concepto de éste y de la fijación de sus fronteras en relación con el bosque altoandino”.
De acuerdo con los pobladores de Santander y grupos ambientalistas, el alto tribunal habilitó de ese modo la explotación del páramo por parte de los árabes, luego de que en medio de la visita oficial de Santos a los Emiratos ofrecieron al mandatario una donación de 45 millones de dólares para el posconflicto.
De llevarse a cabo la explotación de oro, alrededor de 1,3 millones de habitantes de la ciudad de Bucaramanga y sus alrededores se verían afectados por la contaminación del agua potable, advierten los denunciantes.