"La decisión de los insurgentes de renunciar a la violencia armada para hacer actividad política pacífica en un contexto democrático es el corazón del asunto (…), el no cumplir con este compromiso esencial (…) tendría repercusiones muy graves para el proceso y no sería entendido ni aceptado por la comunidad internacional", dijo Feltman en un comunicado.
Asimismo, señaló que a la ONU le preocupa la falta de una estrategia general de reintegración de los excombatientes acompañada de planes y recursos concretos que permitan su éxito, de manera tal que los excombatientes no se sientan atraídos por las economías ilegales.
"Creemos que se necesitan esfuerzos a mayor escala, incluso proporcionando tierras para proyectos productivos", dijo Feltman.
Al respecto consideró preocupante que varios exguerrilleros hayan decidido conformar grupos de disidencia, ya que ello puede tomar dimensiones mayores "si los esfuerzos de reincorporación no se aceleran de manera sustancial".
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El funcionario también destacó la preocupación en la ONU por los vacíos de autoridad del Gobierno colombiano en las zonas donde hicieron presencia las FARC (ahora convertidas en partido político de izquierda), lo que ha derivado en hechos de violencia y el asesinato de líderes sociales.
Por último, confió en que tras el aval que en la noche del martes dio la Corte Constitucional de Colombia a la Justicia Especial para la Paz (JEP, por medio de la cual se juzgará a los exguerrilleros que participaron en el conflicto armado), el Congreso avance pronto en la implementación de la misma.
La aprobación de la JEP en el Congreso no ha sido posible por falta de quórum en las últimas semanas y corre el riesgo de dilatarse en el periodo ordinario de sesiones, ya que la vía rápida o 'fast track' en el que se espera sea aprobada culmina el próximo 30 de noviembre.
Actualmente los congresistas evalúan alianzas y posibles escenarios frente a las elecciones legislativas y presidenciales de mayo de 2018, por lo que han comenzado a restarle apoyo al Gobierno de Juan Manuel Santos (que impulsa la JEP), cuyo periodo termina en agosto del próximo año.
