"Hoy mismo la Corte Constitucional declaró exequible este acto legislativo. Es una gran noticia", dijo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, durante una alocución televisada esta noche.
Esto se debe a que el Acto Legislativo 01 del 2017 (que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición) asegura que se aplicarán las penas establecidas en el Acuerdo Final de Paz, pero no se refiere explícitamente a las sanciones de 5, 8 o 20 años en caso de que los exrebeldes sean hallados culpables.
La Corte también respaldó que las condenas contra los exguerrilleros queden suspendidas para que puedan participar en política, pero precisó algunas restricciones para la participación en elecciones populares.
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De igual modo, mantuvo la responsabilidad por línea de mando, lo que implica que los comandantes de frentes deberán responder ante la JEP por los actos de guerra que cometieron sus subalternos.
"La JEP fue producto de una negociación entre las dos partes en conflicto, y es la primera vez en la historia que dos partes se ponen de acuerdo en un sistema de justicia transicional y se someten a ella", resaltó Santos en su discurso, luego de conocerse el aval de la Corte a la JEP.
Por último, el jefe de Estado colombiano hizo un llamado a los congresistas para que aprueben pronto la reglamentación de la JEP.
La aprobación de jurisdicción en el Congreso no ha sido posible por falta de quórum en las últimas semanas y corre el riesgo de dilatarse en el periodo ordinario de sesiones, ya que la vía rápida o 'fast track', en el que se espera sea aprobada, culmina el próximo 30 de noviembre.
Actualmente los congresistas evalúan alianzas y posibles escenarios frente a las elecciones legislativas y presidenciales de mayo de 2018, por lo que han comenzado a restarle apoyo al Gobierno de Juan Manuel Santos (que impulsa la JEP), cuyo periodo termina en agosto del próximo año.
La antigua guerrilla de las FARC dejó las armas y se convirtió en partido político de izquierda el pasado 1 de septiembre, cuando adoptó el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, con la que abandonó el nombre que la distinguió durante más de 50 años de lucha armada, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
A raíz de ese acuerdo, cerca de siete mil rebeldes se desmovilizaron y varios exintegrantes de la cúpula armada ahora aspiran a participar en política mediante el nuevo movimiento de izquierda.
