El equipo de investigación, dirigido por el ex fiscal general de Indonesia, Marzuki Darusman, aseguró que la cifra de muertos por manos de los militares del Ejército birmano después de los ataques insurgentes no se conoce pero "puede llegar a ser extremadamente alto".
"Hemos escuchado muchas versiones de personas de muchas aldeas diferentes en todo el estado de Rakáin que apuntan a un esquema sistemático y consecuente de acciones que representan violaciones graves de los derechos humanos de cientos de miles de personas", dijo Darusman en un comunicado.
"Estamos profundamente preocupados por los resultados de la visita", constató el funcionario.
La misión fue creada en marzo para buscar evidencias de las violaciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades y las fuerzas de seguridad birmanas desde 2011, especialmente en la provincia de Rakáin.
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La situación en el estado birmano de Rakáin (occidente del país), donde viven musulmanes de la etnia rohinyá, se agravó bruscamente el 25 de agosto pasado, cuando centenares de miembros del movimiento radical Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan atacaron 30 puestos policiales.
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Según datos de la organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 600.000 rohinyás abandonaron en dos meses Birmania, trasladándose a dos campamentos de refugiados situados en Bangladés, donde ya estaban alojados más de 200.000 de sus congéneres.
