A través de un comunicado emitido en Washington la CIDH instó a las autoridades colombianas "a adoptar medidas urgentes para investigar de manera exhaustiva estos hechos y garantizar la seguridad e integridad de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes".
"La Comisión insta al Estado de Colombia a investigar con debida diligencia y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, así como identificar y sancionar a los responsables con el fin de evitar que estos lamentables hechos se repitan", indicó la comisión.
Asimismo, hizo un llamado al Estado colombiano para que garantice una atención médica integral a las personas heridas y adopte medidas urgentes.
Por su parte, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para los Derechos Humanos señaló en una misiva que tales hechos de violencia son producto de la "presencia limitada del Estado, presencia de economías ilícitas, falta de implementación del Acuerdo de Paz" con la extinta guerrilla de las FARC y el "accionar de diferentes actores armados", entre ellos militares y policía.
De ese modo, instó a la Fiscalía y a la Procuraduría de Colombia para que adelanten las investigaciones respectivas.
Por último, la Oficina también alertó a las instituciones nacionales, departamentales y locales "sobre la necesidad de llevar a cabo acciones conjuntas, articuladas y estratégicas, que respeten todos los derechos de los pueblos étnicos y de las comunidades, que impulsen la implementación inmediata de todos los puntos contenidos en el Acuerdo de Paz".
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En las últimas semanas la región de Tumaco se ha convertido en un hervidero por el control territorial que buscan ejercer bandas armadas ilegales para hacerse con las rutas del narcotráfico y las plantaciones de coca que antes pertenecían a las FARC.
Según la ONU, Tumaco, con más de 23.000 hectáreas sembradas, representa 16% de todas las plantaciones de uso ilegal en Colombia.