"Si no hay diálogo con España, toda Europa se enfrenta a un daño económico", afirmó Romeva al portal estadounidense Bloomberg.
Agregó que "las consecuencias económicas de cualquier deterioro de la situación no se limitará a Cataluña".
El Gobierno central no reconoce la validez de ese referéndum porque fue declarado contrario a derecho por el Tribunal Constitucional y, además, porque a su modo de ver no cumplió un mínimo de garantías procedimentales.
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Sin embargo, está previsto que la mayoría independentista del Parlamento de Cataluña implemente el 10 de octubre los resultados, lo que según la ley que da cobertura al referéndum —también declarada ilegal por el Constitucional— supone la adopción de una declaración unilateral de independencia.
