"Al igual que tendemos la mano para dialogar, también apoyaremos la respuesta del Estado social y de derecho a cualquier intento de quiebra unilateral de la convivencia entre españoles", dijo en rueda de prensa Pedro Sánchez, secretario general del PSOE.
En su comparecencia, Sánchez invitó en repetidas ocasiones al Gobierno catalán a renunciar a una declaración de independencia para evitar cualquier intervención de su autonomía desde el Ejecutivo central y negociar un nuevo marco de convivencia territorial.
"Tan importante es dar una respuesta constitucional (ante una posible DUI) como abrir el debate para una reforma constitucional", afirmó Sánchez, que abogó por "modernizar y actualizar el modelo de convivencia territorial".
Entre las herramientas que la Constitución otorga al Gobierno para responder ante una situación como la actual se encuentra la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, por la cual el Gobierno puede, en caso de que una Comunidad Autónoma se declare en situación de desobediencia, "adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de sus obligaciones".
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Además, el Ejecutivo dispone de instrumentos más contundentes como la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional o declarar el estado de excepción, aunque la mayoría de expertos constitucionalistas señalan que estás vías son desproporcionadas ante el escenario actual.
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El Gobierno central no reconoce la validez de ese referéndum porque fue declarado contrario a derecho por el Tribunal Constitucional y, además, porque a su modo de ver no cumplió un mínimo de garantías procedimentales.
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Aunque en el orden del día de la sesión plenaria de este martes solo consta la comparecencia de Puigdemont, está previsto que la mayoría independentista del Parlamento de Cataluña implemente en ella los resultados del referéndum, lo que supone la adopción de una declaración unilateral de independencia.