"No es que [las identidades de las víctimas] salgan a la luz pública para que sean conocidas por cualquier persona, cuando los tribunales de justicia necesiten información podrán recurrir al informe", explicó la subsecretaria chilena en conferencia de prensa.
La presidenta Michelle Bachelet anunció el 11 de septiembre que dotará de "discusión inmediata" al proyecto de ley que levanta el secreto del informe de la Comisión Valech I, que está siendo discutido en el Congreso.
Bachelet indicó que "esto se hará para avanzar en procesos que puedan estar detenidos y contribuir concretamente a la consecución de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familiares".
Después de que la jefa de Estado anunció la medida, el expresidente Ricardo Lagos (2000-2006) conversó con los medios locales y mostró sus dudas al respecto.
"Hay muchas personas que no habrían declarado si hubiesen sabido que tendrían que exponer públicamente las humillaciones de las que fueron objeto", señaló.
Por su parte el diputado socialista Osvaldo Andrade aseguró a los medios que cualquier avance en esta materia debe hacerse "bajo la autorización expresa de cada una de las víctimas".
"Muchas personas prestaron su testimonio entendiendo que eran reservados por un tiempo importante, hay situaciones que probablemente no quieren ni que sus familias conozcan, vejaciones brutales, violaciones a mujeres que incluso engendraron a sus hijos y tienen derecho a querer mantenerlo en reserva", dijo Goic.
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La subsecretaria salió al cruce de las críticas y aseguró que "la preocupación central en materia de verdad, justicia y reparación son las víctimas, uno evidentemente no puede imponerles que se expongan a la opinión pública y no es el objetivo de este proyecto".
"Lo que estamos haciendo es nada más que entregarle la posibilidad a los tribunales que cuenten con información que además no sabemos si les va a ser útil o no, pero el intento hay que hacerlo", agregó la jerarca.
Cerca de 28.000 personas fueron torturadas, 3.197 fueron asesinadas o desaparecidas y unas 200.000 fueron obligadas al exilio durante la dictadura de Pinochet, según cifras oficiales.
