Según la denuncia del organismo estatal Fundación Nacional del Indio (FUNAI), las muertes habrían ocurrido en agosto y los responsables serían mineros clandestinos.
"Estamos a la espera de confirmar la información pero podrían haber matado a más de 10 personas, entre ellos mujeres y niños, en el Valle del Javari", dijo a Sputnik Laura de Luis, vocera de la organización Survival, que trabaja por la defensa de los pueblos indígenas en todo el mundo.
De acuerdo con la activista, el lugar es "una zona muy recóndita de la Amazonía donde se concentra la mayor cantidad de pueblos indígenas en aislamiento del mundo". "Abarca parte de Perú, Brasil y Bolivia", completó.
Esos pueblos indígenas aislados rechazan el contacto con otras civilizaciones. Son algunas de las poblaciones más vulnerables del planeta porque no han desarrollado inmunidad frente a enfermedades comunes para otras sociedades.
Su reclusión es voluntaria, según de Luis, y se aíslan por el conocimiento de las consecuencias para sus antepasados o comunidades vecinas a las que el acercamiento con otras culturas dejó al borde de la aniquilación.
Esta no es la primera denuncia por las acciones de los garimpeiros, dijo la fiscalía. Tanto la FUNAI como varios ciudadanos ya presentaron denuncias por amenazas, homicidios, actos violentos y prostitución infantil.
Según la activista, el riesgo para los pueblos indígenas no contactados es hoy mucho mayor porque el Estado los mantiene "desprotegidos".
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"El Gobierno de [Michel] Temer es marcadamente antiindígena, ha marcado de forma muy abierta sus vínculos con la bancada ruralista, un grupo de presión del agronegocio que quiere acabar con los derechos territoriales de los pueblos originarios para sacar provecho de la explotación", señaló la vocera de Survival.
"Uno de los departamentos que mayores recortes de presupuesto sufrió con esta Administración fue la FUNAI, que ha visto buena parte de sus puestos cerrados", concluyó.
