"La estrategia que han aplicado contra mi país desde algunos centros de poder es claro ejemplo del uso de derechos humanos como arma política con fines de dominación", denunció al intervenir en la apertura de la 36ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
"Día tras día se vierten acusaciones sin fundamento sobre la situación de derechos humanos en Venezuela", destacó Arreaza.
El diplomático denunció asimismo el comportamiento "selectivo, parcializado y politizado" en contra de Venezuela de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), y llamó a este organismo a un "trabajo objetivo e imparcial".
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En la misma sesión del Consejo, el Alto Comisionado, Zeid Ra'ad Al Hussein, asumió que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad, e instó a abrir una investigación internacional a raíz de las violaciones de derechos humanos en el país sudamericano.
Asimismo, el canciller de Venezuela denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU los informes que acusan a su países de violar los DDHH.
"Los recientes intentos informes contra Venezuela carecen de rigor, método lógico, son infundados, inducidos y direccionados para perturbar la soberanía, la paz y la estabilidad de nuestro pueblo", dijo.
Su país, subrayó, exige que "cese la agresión contra Venezuela a través de informes que no cuentan con mandato de los Estados miembros pero que además están plagados de mentiras, datos incomprobables, argumentos tergiversados y ofensas a nuestro país".
A la vez, señaló que el Consejo debería investigar las infracciones de Estados Unidos que, en su opinión, incluyen "guerras ilegales, bloqueos económicos, medidas coercitivas, muros indignos, cárceles ilegales como Guantánamo, cárceles secretas de la CIA donde secuestran y torturan a ciudadanos del mundo entero entre otras muchas".
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En la misma sesión el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad Husein, asumió que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad.
El informe, elaborado a partir de unas 135 entrevistas con víctimas y familiares, testigos, representantes de ONG, periodistas, abogados, médicos y miembros del Ministerio Público, dejó constancia de 5.051 detenciones arbitrarias desde que Venezuela se sumió en una oleada de protestas antigubernamentales, 1.958 casos de lesiones relacionadas con las manifestaciones y 124 muertes, de las que al menos 46 son atribuibles a las fuerzas de seguridad y otras 27, a los llamados "colectivos", grupos paramilitares que apoyan al gobierno.
