"Es cierto que las comunidades indígenas tienen mucho que decir respecto a esa pretendida regularización de la explotación mineral en la Renca, no sólo por el hecho de que ya sufren las consecuencias de la explotación clandestina, sino también por la posibilidad de seria afectación a los nacimientos y cauces de los ríos que cortan sus tierras", estableció el juez Anselmo Gonçalves, de la Justicia Federal del estado de Amapá en su decisión publicada este 6 de septiembre.
Sin embargo, el Gobierno de Michel Temer aprobó por decreto el pasado mes de agosto extinguir la reserva y permitir la explotación minera en las partes que no están amparadas por la legislación medioambiental, lo que desencadenó un aluvión de críticas.
El Gobierno rectificó en parte, suspendiendo los efectos del decreto (aunque el decreto en sí sigue en vigor) y abriendo un plazo de 120 días para debatir con la sociedad civil.
El propio juez Gonçalves ya avisó al Gobierno hace unos días de que no podía desproteger la Renca por decreto, dado que una decisión de tal calado debía tomarse en el ámbito parlamentario, como dicta la Constitución.
"Como se ve, el debate que ahora propone el señor Presidente de la República debería haberse promovido antes de la extinción de la Renca, puesto que no es sensato debatir la conveniencia y los efectos de un acto después de haberlo practicado", dice otro fragmento de la decisión judicial.
Los grupos ecologistas y partidos de la oposición critican en las últimas semanas que la extinción de la Renca es solo uno de los ataques que el Gobierno está llevando a cabo contra la Amazonía, presionado por el grupo de diputados con intereses en el sector agrícola y ganadero.
