"Un mes después de la instalación de la constituyente podría decirse que volvió la paz, las protestas se acabaron, porque después de las elecciones las trancas en Altamira (municipio Chacao, este de Caracas) no lograron movilizar gente", dijo a Sputnik, Isabella Montilla, habitante del este de Caracas.
Días después del 30 de julio las barricadas en las calles continuaban y la oposición llamó a su militancia a no desmovilizarse, pero para la abogada Lisa Ocanto, residente del sureste de la ciudad, "ya la decepción había calado en la gente".
"Los líderes de la oposición dijeron hasta el cansancio que la elección de la constituyente no iría, que esa posibilidad no existía y solo días antes del 30 de julio comenzaron a aclarar que sí iría y que se lucharía contra ella, pero ahora tenemos instalado un suprapoder madurista al cual nadie puede oponerse", añadió.
La Constituyente ha sesionado en 13 ocasiones y en la primera se dio la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega, considerada como traicionera, por sectores oficialistas al oponerse a la realización de esa elección, por considerar que significaba una fractura en el sistema democrático del país.
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En las sesiones siguientes se tomó la decisión de crear una Comisión de la Verdad, encabezada por la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, que se encargará de investigar los sucesos violentos que dejaron 124 muertos, decenas de heridos y detenidos.
Los demás poderes públicos, excepto el Legislativo de mayoría opositora, acudieron a una sesión de la Constituyente para subordinarse a sus decisiones y reconocerla como plenipotenciaria.
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Actualmente está en debate un proyecto de la ley contra el odio y la violencia, y la aprobación de un decreto para enjuiciar por traición a la patria a un grupo de diputados y dirigentes políticos a los cuales el órgano oficialista acusa de pedir a Estados Unidos sanciones contra Venezuela, alegando que el presidente Nicolás Maduro "se convirtió en un dictador".
Rastro de las protestas
En las avenidas del este de la ciudad también fueron destrozados semáforos, rayadas paredes y quemadas instalaciones de oficinas del Estado, así como rejas y accesos residenciales destruidos por el paso de las tanquetas de la Guardia Nacional (componente del ejército).
"Cuando estás por Caracas, parece que hubo una batalla, todo quedó peor de lo que estaba antes, no estoy de acuerdo con el Gobierno, pero tampoco quería que quedáramos con este caos, porque ahora está todo destrozado y seguimos con el mismo Gobierno", dijo Diana Briceño, habitante de Altamira, una de las zonas más afectadas por las manifestaciones.
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"Era terrible salir y encontrar todo cerrado; en varias ocasiones tuve que dejar mi carro y tomar un moto taxi para llegar a mi trabajo, o quedarme más de tres días en la casa de familiares, porque el paso a mi casa estaba cerrado, ya estaba harta", manifestó.
La Constituyente fue propuesta por el presidente Maduro luego de un mes de protestas y ante la negativa de los líderes de oposición a dialogar.
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El jefe de Estado aseguró que la elección se sus integrantes y su instalación traería la paz al país y obligaría a todos los sectores a un debate por la paz, algo que a juicio de Consuelo Díaz, militante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela,"se logró".
"La oposición se dio cuenta que con la violencia no lograrían nada, y no les quedó otro remedio que calmarse, la MUD (Mesa de la Unidad Democrática, coalición opositora) le mintió a su gente diciendo que no iría la Constituyente, mientras Maduro habló con la verdad, dijo que llegaría la paz y como sea la paz llegó", acotó.
Presión internacional
Aunque en las calles las manifestaciones mermaron, en este mes el cerco internacional creció.
El presidente Maduro asegura que buscan asfixiar su Gobierno financieramente, porque logró alcanzar la paz a través de la Constituyente.
Estados Unidos ha sido el más severo con la aplicación de sanciones contra Venezuela, las cuales han alcanzado a 32 funcionarios, entre ellos el jefe de Estado y su vicepresidente, Tareck El Aissami.
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Además, el presidente estadounidense Donald Trump, tomó el pasado 25 de agosto la decisión de emitir un decreto que impide a la principal industria del país caribeño, Petróleos de Venezuela, transar con los bonos de su deuda, algo que limita el financiamiento de la estatal, que suministra 96 por ciento de las divisas que ingresan al país, y que se ha visto afectada por la caída de los precios del crudo.
