"De acuerdo a la reserva de la investigación, no puedo dar mayores informaciones, ese fue el compromiso que asumí con el procurador; sin embargo, confío en que de acuerdo a las conversaciones sostenidas y a los instrumentos jurídicos internacionales como la Convención de Palermo, pudiéramos pronto tener respuesta sobre los delitos que se cometen en Venezuela", dijo Ortega antes de reunirse a puertas cerradas con la senadora Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la Cámara Alta.
Ortega, destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, instancia que el Gobierno de México no reconoce, informó brevemente de su reunión con el procurador (fiscal federal) Cervantes, con el propósito de "abordar el tema de los derechos humanos, que es un grave problema que tenemos en Venezuela".
"Fundamentalmente, vine hasta este país a reunirme con el procurador general de la República, a quien le entregué alguna información importante, relacionada a unas investigaciones que cursan en Venezuela, que pueden ser del interés de este país", dijo Ortega en un mensaje de pocos minutos a un pequeño grupo de periodistas en el Senado, antes de la reunión privada.
La venezolana se excusó por no ofrecer más detalles de los documentos entregados al principal responsable de la procuración de justicia de México, porque, "de acuerdo a las conversaciones que sostuve con él, no puedo revelar mayor información".
La Convención de Palermo, cuyo cumplimiento está bajo la jurisdicción de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, entró en vigor en 2003 y tiene tres protocolos complementarios sobre la trata de personas, sobre el tráfico ilícito de inmigrantes y sobre la fabricación y el tráfico ilícitos de armas.
Solidaridad del Senado de México
Ortega aseguró en una breve alocución en la sede de la Cámara Alta que "la justicia en Venezuela está negada porque se perdieron el Estado de derecho, la democracia y las libertades".
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Además, en la nación caribeña existe censura a los medios de comunicación y la información es sesgada, "favoreciendo al Gobierno, porque si no, no hay información", añadió.
"Mi país, mi pueblo, en este momento sufre una serie de problemas, una grave crisis de alimentos, de salud, de inseguridad", agregó la exfuncionaria, que escapó de su país el 18 de agosto junto a su esposo y algunos de sus colaboradores en una lancha rápida hacia la isla de Aruba, desde donde abordó un avión hacia Colombia y después a Brasil.
"Condenamos argumentos turbios y amañados de los que se le acusa de un supuesto fraude en Venezuela", dijo la senadora mexicana.
Gómez del Campo afirmó que Ortega "es una mujer valiente, que ha defendido a los venezolanos, que se atrevió a levantar la voz".
La senadora mexicana aseguró que la exfiscal cuenta con respaldo del Senado, de la Procuraduría y de la Cancillería de México, "como órganos que están permanentemente pugnando por la legalidad y por la democracia en América Latina".
Ortega fue acusada por el fiscal designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, de ser cómplice de un desfalco de 200 millones de dólares en contratos petroleros con el Estado, por no haberlos investigado.
Siendo fiscal de Venezuela, se opuso a dos dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia, porque consideró que quebraban el orden democrático.
Ortega realizó una llamada telefónica el 18 de agosto a la Cumbre de Procuradores y Fiscales de América Latina, celebrada en México, en momentos en que su paradero era desconocido, mientras huía de la justicia en Venezuela.
La exfiscal afirmó en aquella ocasión que la causa de su destitución y el proceso abierto en su contra era que el presidente Maduro estaba involucrado en los sobornos pagados en varios países por la constructora brasileña Odebrecht.
El Gobierno y la Procuraduría de México expresaron el 6 de agosto su apoyo y solidaridad a Ortega, por el "hostigamiento gubernamental contra el Ministerio Público de Venezuela".
