"Voy a solicitar a secretaría que haga pública la lista de los diputados que no asistieron a la sesión y que el país nos ayude a presionar, porque como miembros electos por el país los diputados tienen que venir a la sesión de la Asamblea Nacional", señaló el presidente del parlamento Julio Borges.
También mencionó que la Comisión Especial designada para investigar los casos de corrupción entró el martes en funcionamiento puesto que todos sus integrantes estuvieron presentes en la sesión que se llevó a cabo en el Hemiciclo.
"Vamos a tomar en cuenta que asistieron los miembros de la Comisión Especial para investigar los casos de Odebrecht (empresa estatal brasileña) para ponerla en actuación de una vez", sentenció Borges.
En este contexto, el diputado Juan Guaidó, encargado de presentar el informe preliminar del caso, destacó que todos los registros de las empresas denunciadas por la exfiscal Luisa Ortega "fueron borrados por funcionarios para ocultar el desfalco".
"Seguiremos investigando a pesar del secuestro de la justicia en el país (…) hoy le podemos decir al país que la corrupción mató incluso a más venezolanos que la inseguridad; se robaron 22.000 millones de dólares con 76 por ciento de las obras inconclusas, mientras hoy Venezuela muere de hambre y de enfermedades", aseguró Guaidó.
Al participar en la reunión de fiscales del Mercado Común del Sur (Mercosur) en Brasil el pasado 23, Ortega aseguró tener pruebas que comprometen al presidente de Maduro y al constituyente Diosdado Cabello en los sonados casos de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.
También mencionó que el actual fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, posee al menos seis expedientes por corrupción en Caracas relacionados con el desfalco de la estatal petrolera PDVSA.
Las declaraciones de Ortega fueron tildadas de "montaje" por Saab, quien recordó que fue destituida por presuntas faltas graves en el ejercicio de su cargo.
La jurista, allegada al fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y jefa del Ministerio Público desde 2007, entró en conflicto con el Gobierno al declarar en marzo que los fallos del Tribunal Supremo de Justicia quebraron el orden democrático.
La exfiscal fue destituida de su cargo a principios del mes de agosto y se le inició un juicio por supuestas faltas graves.
Su esposo el diputado Germán Ferrer está acusado en Venezuela de liderar una red de extorsión desde el Ministerio Público.
