"Qué sorpresa hemos encontrado cuando vemos que el 80 por ciento de las causas abiertas del Cencoex (Centro Nacional de Comercio Exterior) fueron sobreseídas, es decir los presuntos implicados fueron liberados y apenas un 20 por ciento de personas naturales insignificantes quedaron como acusados", expresó Saab.
"Protegieron a las grandes empresas y comercios que desfalcaron el país y por eso hemos decidido revisar todas las causas que involucran a empresas y reabrir todas aquellas causas donde se evidencia una actuación negligente del Ministerio Público; es decir esa cifra (80 por ciento de causas sobreseídas) nos obligan a investigar", resaltó.
Con respecto a la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), Saab indicó que hay casos de obtención de divisas que permanecen sin actos conclusivos, incluso tres años después de haber sido abiertas las investigaciones.
"Hay ordenes de aprehensión que ni siquiera procuraron activarlas, pareciera que lo hicieron con premeditación, por eso hemos acordados reimpulsar estos casos para que se pase a una fase acusatoria", destacó.
Por ahora, indicó el fiscal, hay cinco funcionarios del Ministerio Público detenidos por participar en actos de corrupción y extorsión de la presunta banda liderada por Germán Ferrer, diputado a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) y esposo de Ortega Díaz, quienes en este momento se encuentran prófugos de la justicia venezolana.
Saab indicó que los detenidos fueron exhortados a cooperar, informar y explicar el modus operandi de esa red de extorsión.
"Ahí están las cifras que no pudieron borrar, que no pudieron obstruir y la hemos obtenido porque aquí todavía existen funcionarios y empleados honestos que se vieron atropellados por este cartel de extorsión que lideró la ciudadana exfiscal", reiteró.
También señaló que en apenas dos semanas de su gestión se ha iniciado el saneamiento y la depuración de la institución para limpiar la imagen del Ministerio Público.
Ortega, quien actualmente es disidente del chavismo tras manifestarse en contra de la Asamblea Nacional Constituyente que busca cambiar la Constitución de 1999, denunció este miércoles desde Brasil que tanto el presidente venezolano Nicolás Maduro como sus altos funcionarios están implicados en hechos de corrupción.
La exfuncionaria se distanció del Gobierno a finales de marzo, cuando objetó dos dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) porque a su juicio quebraban el orden democrático.