El Gobierno brasileño anunció este 23 de agosto la privatización de 57 servicios públicos hasta finales de 2018. La propuesta incluye 18 aeropuertos, 16 puertos, 16 concesiones de energía, cuatro empresas, dos carreteras y una participación público-privada.
"Piensan que para solucionar el déficit se puede vender el patrimonio público, pero se hace un poco de dinero a corto plazo y luego no queda ni el dinero ni el activo. No me parece adecuado que se hagan tantas privatizaciones para resolver problemas de caja", evaluó el economista brasileño Roberto Piscitelli, profesor de finanzas públicas en la Universidad de Brasilia (UnB).
A su juicio, ese tipo de medidas "es algo que se hace para el futuro, a largo plazo", y no para el presente. "Es algo muy serio, sobre todo en el caso del sector eléctrico, que es estratégico para el país", remarcó. Asimismo consideró que aunque exista la disposición del Gobierno de concretar las privatizaciones de forma rápida, el plazo estipulado no es viable. "Son muchas empresas y se tratan de sectores muy amplios de la economía", resaltó.
Además, el experto destacó la necesidad de "pensar en mecanismos regulatorios para asegurar" la eficacia de las privatizaciones. "Pero no se ve esa perspectiva", lamentó y resaltó la importancia de que haya organismos públicos capaces de fiscalizar la competencia, combatir la concentración y cuidar la actuación sospechosa.
Actualmente existen las agencias nacionales reguladoras que surgieron después de las privatizaciones de los años 1990 en Brasil, pero en la opinión de Piscitelli, "son flojas". "Mucho se discute si son realmente autónomas e imparciales", completó. Para el economista, sin un buen marco regulatorio "no hay garantía de que los servicios privatizados estarán disponibles, sobre todo para la población más pobre".
Por otro lado, el profesor de finanzas públicas evaluó que paquetes económicos de esta magnitud provocan "una dispersión". "La impresión que se tiene es que se intenta desviar la atención de las personas para otras cosas", observó y agregó que por detrás se omiten otros problemas.
"Privatizar el patrimonio público es lo mismo que ponerlo en las manos de un monopolio privado o extranjero", alertó el economista.
"El espíritu es el mismo de los años 90 y eso es efectivamente cíclico en América Latina. Los nombres son los mismos y corresponde a una tendencia continental, como los gobiernos de izquierda que son cada vez menos [en la región]. Veo con mucha preocupación todas esas propuestas. Es una especie de desviacionismo para olvidar lo esencial como si se pudiera resolver los problemas", concluyó.
