"Este decreto (…) es el desarrollo de una dictadura, un golpe de Estado, que busca subvertir por completo los principios republicanos sobre los cuales se ha sustentado la democracia del Estado venezolano", dijo durante el debate el diputado opositor William Dávila.
Dicho artículo establece que "los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente".
El abogado constitucionalista Rafael Raffalli dijo a Sputnik que el decreto plantea que la ANC "puede arrollar" a los demás poderes.
"Cualquier Asamblea Constituyente está ceñida a los límites superiores y los tratados internacionales en materia de derechos políticos y eso lo dice en estas bases comiciales, e incluye la separación de poderes públicos; además, en ninguna parte la Constitución dice que la Constituyente es plenipotenciaria", añadió.
En cambio, el excandidato constituyente e historiador Juan Romero aseguró al canal multiestatal Telesur que, si bien el decreto limita algunas funciones de la Asamblea Nacional, como se hizo durante el proceso constituyente de 1999 con el entonces Poder Legislativo, no la anula.
Desde la instalación de la AN el pasado sábado, el órgano legislativo ha seguido funcionando con "normalidad", dijo Romero.
Sin embargo, Romero observó que el parlamento venezolano podrá seguir funcionando en reuniones de trabajo o comisiones, pero no podrá legislar sobre temas económicos, políticos o de seguridad, ya que eso interferiría con el trabajo de la ANC.
Esto se suma al hecho de que la Asamblea Nacional fue declarada en desacato a mediados de 2016 por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declaró nulas e írritas todas sus decisiones.
Durante la sesión de este miércoles, los diputados también aprobaron un documento para respaldar la Declaración de Lima sobre la Crisis de Venezuela.
En esa declaración, firmada en la capital peruana, cancilleres de 12 gobiernos americanos decidieron desconocer a la ANC y todas las decisiones que tome, denunciaron la ruptura del orden democrático en Venezuela y acordaron medidas para apoyar al Poder Legislativo.
