La CIDH "requirió al Estado de Venezuela que (…) adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de la señora Luisa Ortega Díaz y su núcleo familiar, en particular, para que pueda desarrollar sus funciones como Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela sin ser objeto de amenazas, estigmatizaciones, hostigamientos o actos de violencia", dice el dictamen.
Asimismo se reclama al Estado venezolano que "concierte las medidas a implementarse con la beneficiaria y sus representantes" y que "informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición".
En su pronunciamiento, la CIDH explica que Ortega y sus familiares "se encuentran en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad enfrentan un riesgo inminente de daño irreparable".
La Comisión, órgano autónomo del sistema de la Organización de los Estados Americanos, explica que entre los factores que condujeron a este dictamen.
Este órgano explica que entre los factores que tomó en cuenta para otorgar la protección se encuentran las declaraciones de altas autoridades que habrían acusado a Ortega de participar en actos "terroristas", así como amenazas de un sujeto armado a las puertas de la fiscalía.
Ortega, una figura cercana al expresidente Hugo Chávez (1954-2013), ha sido acusada de traicionar al Gobierno luego que a finales de marzo se desligara del mandatario Nicolás Maduro, al denunciar que el Tribunal Supremo actuaba como un brazo del ejecutivo y sus sentencias generaban una ruptura del orden democrático.
El comunicado destaca que existen denuncias de persecución dirigida a retirarla de su cargo y reducir sus competencias.
Dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela aseguraron que uno de los primeros pasos que dará la Asamblea Nacional Constituyente, instalada el viernes, sería destituir a la fiscal y reformar el Ministerio Público.
La fiscal general aseguró a través de un mensaje publicado en la red social Twitter que la medida de protección también se aplica a los trabajadores del Ministerio Público ante los ataques contra la institución.