"Las familias creen que fue asesinato y sienten que 'homicidio preventivo' es un insulto", señala la activista de origen caribeño en una entrevista con esta agencia.
El Real Ayuntamiento de Chelsea y Kensington y la agencia gestora de sus viviendas sociales están bajo sospecha de "homicidio corporativo", según fueron informados esta semana por Scotland Yard.
"Para nuestra organización es un paso correcto, pero las familias y supervivientes creen que no fue ´homicidio corporativo´, sino asesinato y algunos incluso premeditado", añade.
La comunidad de vecinos había denunciado deficiencias y riesgos potenciales con las tuberías de gas y otros servicios durante y después de la remodelación de la torre de 24 plantas y 130 pisos.
"La gente está muy enojada, frustrada y atormentada", señala Holbourne.
La condena máxima por homicidio corporativo —equivalente quizá a grave negligencia— consiste en una multa que "no es un castigo" para una autoridad municipal con reservas de 274 millones de libras (más de 300 millones de euros), según se desveló después del incendio y recuerda la presidenta de Barac.
"Pero un caso de este tipo sí da margen para destapar a los responsables y procesarles penalmente por sus acciones o inacciones", remarca.
La cofundadora de Barac considera "necesario" identificar y cuestionar a los cargos y empleados tanto públicos como privados que contribuyeron con sus decisiones a la tragedia e ignoraron las alarmas de los vecinos.