"Exigimos una cosa muy simple, que se cumpla la ley", afirmó en declaraciones Sergio Vega, presidente de la asociación Élite Taxi, una de las convocantes del paro.
Aunque la normativa vigente exige el ratio 1/30, los taxistas denuncian la existencia de un "vacío legal" que permite a las nuevas plataformas eludir su cumplimiento, dando lugar a una proporción de licencias de VTC por cada licencia de taxi en España de 1/11.
"Es necesario que los vacíos legales de la misma sean cubiertos con decisiones políticas que, sin modificar la norma, retornen al status que desde Fomento se promulgaba hace cinco años", explicó a los medios de comunicación Julio Sanz, presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de España (CTAE).
La mayor de las movilizaciones celebradas organizadas este jueves por los taxistas tuvo lugar en Madrid, donde miles de taxistas marcharon hasta la sede del Ministerio de Fomento.
Además, alrededor de 500 taxis protagonizaron una marcha lenta en las mediaciones de la terminal T1 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.
A pesar de que los accesos no se colapsaron, la protesta de los taxistas contribuyó a profundizar los problemas de funcionamiento que el aeropuerto vive estos días a causa de una huelga del personal de seguridad.
Con la de este jueves, los taxistas españoles ya protagonizaron cuatro jornadas de paros a nivel nacional desde abril.
Los convocantes de los paros fueron la Confederación de Taxistas Autónomos de España (CTAE), la Mesa Estatal del Taxi (Metaxi) y la Asociación Profesional Élite Taxi.
Esta federación explicó a través de un comunicado que no secundarían los paros para "poner en valor las actuaciones públicas puestas en marcha" y para no perjudicar al cliente.
"Sabemos que el conflicto con empresas como Uber o Cabify se resolverá en gran parte en los tribunales pero también porque los usuarios de la movilidad elijan al taxi, de modo que no debemos sino cuidar a nuestra razón de ser que es el servicio público al ciudadano", explicó Miguel Ángel Leal, presidente de Fedetaxi.
Por su parte, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en declaraciones a la prensa que el Gobierno está "trabajando para evitar que se utilicen las licencias con fines especulativos".