"Si ofrecimos una cirugía mayor, cumplamos una cirugía mayor y esto significa llegar hasta el final, sin ningún tipo de restricción, sin amedrentamientos, no se dejen amedrentar, yo no me dejo amedrentar", dijo Moreno a los integrantes del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (FTLC) creado por su Gobierno, según cita de la Presidencia en las redes sociales Twitter y Facebook.
La ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Rosana Alvarado, encargada de presentar la estrategia del FTLC, respondió al mandatario asegurando que el Frente "ha actuado con toda la solvencia, sin ningún tipo de intimidación, nuestro trabajo no se ha visto empañado por ningún tipo de presión".
Alvarado aclaró que "la sanción de la corrupción le corresponde a la fiscalía y luego a la función judicial, está de más decir; nosotros hemos tenido claro cuáles son los límites y los alcances de nuestro Frente, pero también cuál es la consigna".
Los cinco ejes son corrupción en el sector público, corrupción en el sector privado, lucha contra la impunidad, promoción de la transparencia como una política de gobierno, y educación y reflexión en valores.
Alvarado dio asimismo detalles sobre las estrategias a seguir.
El FTLC sugiere reformar la ley de la función de transparencia y control social con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas en la prevención e investigación de casos y revisar la normativa del Código Orgánico Integral Penal.
En cuanto a la promoción de la transparencia, se sugiere implementar un instrumento modelo de rendición de cuentas y la conformación de una red nacional de observatorios ciudadanos.
Para la educación y reflexión en valores, el FTLC considera que es necesario efectuar "convenios con instituciones de educación superior para implementar los contenidos de ética", dijo la ministra de Justicia.
Sector privado y público
Para el combate a la corrupción en el sector privado, el Frente sugiere crear un código de ética modelo para la gestión privada, "inclusive como un requisito para que las empresas sean constituidas y reconocidas, ojalá como un requisito para que estas empresas sean contratistas y proveedoras del Estado", afirmó Alvarado.
En este eje la ministra informó que la estrategia es también crear un plan de implementación para la recuperación de activos ilícitos, ya que los "estafadores del Estado tienen fuera del país sus activos y no es muy sencilla la recuperación".
Esa medida busca enfrentar situaciones en las que "a veces ingresan al sector público personas que tienen claro conflicto de interés", dijo la ministra de Justicia.
Hasta el momento en Ecuador hay seis detenidos por las investigaciones de corrupción de la empresa Odebrecht.
Ecuador, Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela son los países en los cuales Odebrecht reconoció haber pagado sobornos a altos funcionarios por un total cercano a los 756 millones de dólares para hacerse con al menos 100 proyectos de infraestructura en los últimos años, que le representaron cerca de 12.000 millones de dólares en beneficios.