"En los actos de espionaje hubo una violación a la vida privada y derechos fundamentales, y que podría haber desviación de recursos públicos", dijo la titular del organismo ciudadano del SNA, en entrevista con el noticiario vespertino de Radio Fórmula.
Peshcard pidió la víspera a los integrantes del SNA, donde ocupa un asiento, que el máximo organismo anticorrupción emitiera un exhorto a las instituciones federales que utilizan el software de espionaje Pegasus, para que informen los detalles de la adquisición y utilización de ese 'malware' para penetrar equipos telefónicos inteligentes con mensajes maliciosos.
La negativa es "preocupante" por la gravedad del asunto, "fue una respuesta muy desde la óptica estricta a la letra de la ley", añadió.
La titular del organismo ciudadano que vigila el desempeño del recién creado sistema anticorrupción, señaló que la negativa es consecuencia de que el SNA nació sin un Fiscal Nacional Anticorrupción, por falta de acuerdo en el Congreso de México en su designación hasta la fecha.
"El Fiscal Nacional Anticorrupción sería el encargado de la investigación en lo relacionado con las cuestiones de corrupción, el espionaje es un atropello a los derechos fundamentales de las personas, a la vida privada", puntualizó la representante de la parte ciudadana del sistema.
En el caso existe la presunción de un elemento de corrupción, señalado en el Código Penal Federal: el desvío de recursos, abusos de autoridad y peculado, argumentó Peschard.
"Hay un posible acto de corrupción, que no está probado, no hay materia, ese fue el argumento fundamental", sintetizó.
Alfredo Pérez Daza, integrante del Consejo de la Judicatura Federal, dijo la víspera que "la intervención ilegal de comunicaciones es un delito que no está considerado en el catálogo de corrupción".
Para sostener su negativa, añadió que la facultad de investigar recae en la Fiscalía Anticorrupción, "que hasta el momento no existe", pues el Senado no ha nombrado aún al titular.
Finalmente, Arely Gómez, titular de la Secretaría de la Función Pública, ex Procuradora General de la República (PGR, fiscalía federal) también votó en contra.
Gómez dijo que el programa Pegasus vendido al Gobierno de México por la empresa israelí NSO Group —como publicó el diario neoyorkino—, "fue utilizado legalmente", durante su administración.
Sin embargo, la investigación en marcha aún no termina.