"La primera denuncia será por corrupción pasiva, la segunda por obstrucción de la Justicia y la tercera por organización criminal, y serán enviadas en momentos distintos", publicó este medio, quien agregó que la denuncia por corrupción es la más avanzada.
Aunque no hay una fecha programada, se espera que el fiscal general, Rodrigo Janot, presente la primera denuncia en los próximos días.
Después de que el Tribunal Supremo Federal (TSF) reciba la denuncia de la Fiscalía, el mandatario debería apartarse del cargo durante 180 días y durante ese periodo sería sustituido por el actual presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (del partido aliado Demócratas).
El Supremo tendría seis meses de plazo para juzgar a Temer y en caso de no hacerlo el presidente volvería a su cargo.
Recientemente Maia dijo que incluso podría anular el receso previsto en el Congreso Nacional para la segunda quincena de julio porque los parlamentarios tendrían que resolver esa cuestión de manera urgente, algo que no gustó a la oposición, que acusa al presidente de la Cámara de maniobrar en favor de Temer.
Las futuras denuncias contra el jefe de Estado se basan en las pruebas y en las acusaciones vertidas por los ejecutivos del grupo cárnico JBS en sus confesiones a la Fiscalía.
Loures era el hombre de confianza del presidente, designado por él para cuidar de los negocios con JBS y ese dinero habría servido presuntamente para sobornar al expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.
Temer y su entorno presuntamente querían comprar el silencio de Cunha, preso desde hace meses, para que no aportara detalles a la Justicia sobre la implicación del presidente en la trama de la Operación Lava Jato.
Los directivos de la empresa JBS llegaron a acuerdos con la Justicia para obtener beneficios penales a cambio de aportar información sobre la trama corrupta.
La Operación Lava Jato comenzó en 2014 como una investigación sobre desvíos en la empresa brasileña semiestatal Petrobras y con el tiempo descubrió un esquema de corrupción del que se beneficiaron exdirectivos de la compañía petrolera, empresarios y políticos de prácticamente todo el arco parlamentario.
