"La fecha del 1 de junio fue establecida para remover los sellos a la información de la fiscalía de Brasil sobre ese caso, sin embargo, no la obliga a entregar la información en esa fecha a sus contrapartes del acuerdo internacional", dijo un portavoz de la fiscalía, consultado vía telefónica.
La PGR no ha emitido ningún posicionamiento oficial sobre un acuerdo entre el procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, y los acusados de Odebrecht, anunciado la noche del lunes, para que la información solo sea enviada a los países que firmen acuerdos similares con la compañía y sus delatores.
Dos altos funcionarios de la PGR confirmaron que se mantendrán clasificados los expedientes de la mecánica y los nombres de los funcionarios de Pemex (Petróleos Mexicanos, estatal) sobornados en México, en una entrevista con el organismo ciudadano Mexicanos Contra la Impunidad y la Corrupción (MCCI), difundida la noche del jueves.
"La información está restringida al marco jurídico que tiene Brasil", dijo Alberto Elías, subprocurador de Asuntos Internacionales de la fiscalía a los investigadores de MCCI, Daniel Lizárraga y Raúl Olmos, en una entrevista en la sede de la PGR de México.
En el caso concreto de México, "no se puede abrir (la información judicial brasileña), adicionalmente, por otro el Tratado Bilateral México-Brasil en Materia de Asistencia Jurídica Mutua, en su Artículo 10 establece la confidencialidad de la información que se intercambia", dijo Elías.
La investigación clasificada
Por otra parte, el funcionario de la fiscalía evitó comprometerse con que la PGR divulgue en México su propia investigación de la trama de 10,5 millones de dólares en sobornos pagados en este país, para que la sociedad mexicana sepa qué pasó, aunque no se juzgue a Odebrecht.
"No sabemos la información como para poder determinar si podemos sacar una información pública que no afecte el debido proceso, o no podemos hasta poder tener la información y analizarla", replicó Elías.
La información hasta la fecha conocida "es parte de la investigación, saber si estos contratos estaban en los parámetros de otras compañías que licitaban", agregó Muñoz.
"¿A qué me refiero?, a que había unos sobreprecios", terminó el fragmento de la conversación de dos miembros del organismo civil con los dos fiscales.
Lizárraga dijo a Sputnik que los integrantes de una red latinoamericana de periodistas de investigación y organismos anticorrupción "seguimos esperando la información y buscándola en toda Latinoamérica por nuestros propios medios y métodos".
La coordinación involucra a periodistas y redes de organismos en Argentina, Perú, Chile, Panamá, Colombia y México.
Lizárraga considera que la fiscalía mexicana podría actuar con los datos encontrados y publicados por MCCI en los expedientes judiciales de Brasil, que involucran al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, timonel de la petrolera estatal mexicana de diciembre de 2012 a febrero de 2016.
Lozoya fue señalado por uno de los gerentes de Odebrecht encargado de pagar sobornos, de haber pedido una coima de 5 millones de dólares para firmar un contrato, lo cual el exfuncionario petrolero ha rechazado tajantemente.
"Las autoridades mexicanas debería tomar lo publicado para profundizar en la investigación, hay cosas a las que no podemos llegar, como por ejemplo romper el secreto bancario", dijo Lizárraga sobre los límites de las pesquisas.
Los gerentes de la constructora acusados no pueden ser juzgados por los mismos hechos dos veces, ni el ámbito civil ni penal.
"Si fueron juzgados por los mismos hechos en Brasil, no pueden ser juzgados en México por un principio del derecho internacional", subrayó Elías.
No obstante la PGR no decide aún si otorgará inmunidad a Odebrecht para que pueda participar de nuevo en las licitaciones de Pemex en México.
"Es parte de la investigación, corresponde a otra entidad de instrucción pública que tendrá que valorar toda esta situación para esos efectos", puntualizó el subprocurador Elías.
Odebrecht aceptó en un juicio en EEUU una multa por 2.600 millones de dólares por pagar 788 millones de dólares de coimas en una docena de países de América Latina.