"Los magistrados determinaron que la expedición del decreto debió tramitarse mediante una ley orgánica" y que "no se debieron haber utilizado las facultades excepcionales que el Acto Legislativo para la Paz le dio al presidente Juan Manuel Santos", reveló el diario local El Espectador.
El proyecto impulsado por el Gobierno buscaba crear 1.287 nuevos puestos de trabajo en la UNP para conformar el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, incluido en uno de los puntos del Acuerdo Final de Paz, firmado entre el Gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en noviembre pasado.
La iniciativa generó la reacción de varios sectores, incluida la oposición, que cuestionaron que guerrilleros reinsertados pudieran estar armados para prestar servicio de escoltas.
Santos, quien goza de facultades extraordinarias que le concedió el Congreso para impulsar una serie de decretos con facultad de ley, propuso en febrero pasado la iniciativa para que los guerrilleros fueran contratados en la UNP y aumentar el número de empleados de la entidad, todo lo cual tumbó este miércoles la Corte Constitucional.
