Ecuador finaliza tratados de protección de inversiones con 16 países

El argumento para el fin de los acuerdos es que la Constitución nacional determina que "no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y las personas naturales o jurídicas privadas".

La lista de países la conforman además Bolivia, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Países Bajos, Perú y Suiza.

Los decretos señalan que los tribunales internacionales han resultado "inconvenientes" para los intereses de Ecuador debido a que "los árbitros generalmente tienen intereses" en las compañías que invierten en el país, "sobre todo en el sector energético".

También explica que el cese de los acuerdos se da por el "sesgo" que esos tribunales arbitrales han tenido en procesos contra Ecuador, ya que las empresas transnacionales han usado este mecanismo para demandar a los Estados cuando consideran que sus intereses han sido afectados.

Para contemplar la terminación de los tratados, Ecuador creó en 2013 la Comisión de Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados Bilaterales de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional (Caitisa), conformada por funcionarios y expertos internacionales, que el pasado 8 de mayo recomendó finalizar los 16 convenios.

El informe de la Caitisa reveló que los TBI no solo no atrajeron inversión extranjera directa, sino que además perjudicaron al país "desde una perspectiva económica, social y ambiental", algo que contraría a la Constitución, que establece que la inversión extranjera debe complementar la inversión nacional y sujetarse a la legislación y regulaciones nacionales.

El legislativo ecuatoriano aprobó el informe de la comisión días atrás y dio paso a que el mandatario diera el ejecútese final.

Según datos oficiales, Ecuador ha sido demandado por un total de 21.200 millones de dólares por la supuesta violación de los tratados bilaterales de inversión.