"Se detectó un esquema delictivo que movió cerca de tres millones de reales (970.000 dólares) entre los años 2010 y 2016", informó en un comunicado la Policía Federal.
Según las investigaciones la jefa del departamento de Fiscalización durante esos años recibía de empresas del sector dinero de forma irregular a cambio de retrasos en la tramitación de procesos administrativos y anulación de multas.
Las acciones policiales tienen lugar en los estados de Tocatins, Pará, Maranhão, São Paulo y Pernambuco.
La operación se produce apenas dos meses después del escándalo de la "Carne Fraca", que reveló que 33 empresas del sector, como JBS y BRF —las principales del sector— adulteraban la carne con el visto bueno funcionarios del ministerio de Agricultura encargados del control sanitario que eran sobornados.