"La consecuencia de una declaración obtenida bajo tortura es la nulidad de esa declaración, no necesariamente del conjunto de actuaciones o elementos de prueba que haya en el caso", dijo el fiscal especial en conferencia de prensa.
Entre las nuevas pesquisas, Higuera expuso sobrevuelos con tecnología de rayos láser para detección aérea (Lidar, en inglés), en un radio mayor a los 60 kilómetros cuadrados alrededor de la ciudad de Iguala (220 km al sur de la capital), donde comenzaron los ataques perpetrados por policías confabulados con narcotraficantes del grupo Guerreros Unidos.
La conferencia fue convocada luego de que los padres de los jóvenes desparecidos bloquearon todos los accesos a la sede central la de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal).
El 9 de febrero el procurador general de México, Raúl Cervantes, sostuvo el último encuentro con todos los padres de los desaparecidos, sus abogados y organismos de derechos humanos que los asesoran, informó
"Se celebraron diversos acuerdos, todos fueron cumplidos a cabalidad, lo central es ahondar en las búsquedas de los jóvenes con tecnología Líder, están en proceso de realización de los vuelos para la obtención de imágenes y poder ubicar otros lugares más para hacer búsquedas por tierra", dijo Higuera.
La CIDH ha establecido un mecanismo de seguimiento del caso y de atención a las víctimas, que celebró una audiencia el 20 de abril en Washington.
Los padres y familiares de los desaparecidos decidieron no acudir a la reunión, luego de un rompimiento con las autoridades federales.
Al día siguiente, el 21 de abril pasado, la fiscalía federal presentó ante la CIDH un cronograma de nueve puntos con plazo a noviembre de 2017.