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Denuncian por prevaricato a tres jueces de la Corte Suprema de Argentina

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BUENOS AIRES (Sputnik) — Un juzgado federal de Argentina recibió la primera denuncia penal por prevaricato contra los tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia que fallaron a favor de aplicar una ley derogada, conocida como 2x1, que rebajó la pena a un condenado por crímenes de lesa humanidad.

"La denuncia fue formulada por el abogado Marcelo Parrilli contra los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco", informaron a Sputnik fuentes judiciales.

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La denuncia recayó por sorteo en el juzgado federal de Daniel Rafecas, quien deberá investigar si esos tres ministros de la Corte Suprema incurrieron o no en el delito de prevaricato, que consiste en dictar, a sabiendas, una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial.

El abogado que presentó la denuncia solicitó que los jueces sean multados e inhabilitados de por vida.

Según Parrilli, los tres ministros mantienen "fuertes vínculos" con el Gobierno de Mauricio Macri.

Rosatti y Rosenkrantz fueron postulados en 2016 por Macri para integrar la Corte Suprema, que tenía dos vacantes.

Por tres votos a favor y dos en disidencia, el máximo tribunal del país aplicó el pasado miércoles una ley derogada, denominada "2x1", a un represor de la última dictadura (1976-1983), Luis Muiña.

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Condenado por integrar un comando paramilitar que secuestraba, torturaba y hacía desaparecer a opositores en el Hospital Posadas de la provincia de Buenos Aires (este), Muiña se encuentra en libertad condicional desde noviembre de 2016 por haber cumplido dos terceras partes de los 13 años que recibió de pena.

La controvertida legislación sobre los plazos de prisión preventiva aplicada por la Corte Suprema, que estuvo vigente entre 1994 y 2001, establece que a partir de los dos años se computan como dobles los días en prisión mientras la condena no esté firme.

Dado que los crímenes de lesa humanidad son delitos que se prolongan en el tiempo, los ministros de la Corte consideraron que la normativa podía aplicarse por ser "la ley más benigna".

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El fallo generó una gran indignación en la sociedad civil, que ha convocado una manifestación para este miércoles contra el fallo del alto tribunal.

El Gobierno, que en un principio manifestó su respeto por la decisión de la Corte a través del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, modificó su posición en los últimos días.

La última en aludir a este asunto fue la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien aseguró que "los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes".

Varias iniciativas se preparan desde el Senado y la Cámara de Diputados de Argentina para impedir la futura aplicación de la ley 2x1.

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