"Me parece una ley perversa porque termina beneficiando a las personas que cometieron las mayores ofensas", opinó en declaraciones a radio La Red.
La normativa, promulgada en 1994 y derogada en 2001, fue rescatada por la Corte Suprema el pasado miércoles en un caso que causó indignación entre organismos de derechos humanos, dado que a partir de los dos años, computan como doble los días en prisión mientras la condena no esté firme.
Por tres votos a favor y dos en disidencia, el máximo tribunal del país aplicó el 'dos por uno' en una causa de lesa humanidad en la que se investigaba el secuestro, la tortura y la desaparición de empleados del Hospital Posadas, en la provincia de Buenos Aires, el 28 de marzo de 1976.
El ministro Garavano consideró que había un "dilema moral" en la resolución del alto tribunal, y que Argentina sigue "pagando las consecuencias de una legislación desastrosa",
"Lo que hace esta ley es reducir la pena de los condenados por delitos más graves, más complejos, los que ponían más palos en las ruedas para investigar, los que cometían crímenes aberrantes como los de lesa humanidad", reconoció.
En una conferencia de prensa, entidades de derechos humanos, lideradas por Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, prometieron agotar "todas las instancias internacionales hasta lograr que este criterio que garantiza la impunidad sea abandonado".
De aplicarse el nuevo criterio avalado por la Corte Suprema, los apropiadores de niños nacidos en cautiverio durante la dictadura "podrían tener penas de 3 años de prisión", subrayó la presidenta de Abuelas, Estela de Carloto.
"Un delito cometiendo durante 40 años recibiría una condena no acorde a la gravedad del hecho", añadió la titular de Abuelas.
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Ante la controversia del fallo, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, señaló este jueves que el Gobierno de Muaricio Macri no tuvo ninguna injerencia en la decisión de la Corte, por lo que es un error dirigir las críticas hacia el Ejecutivo.