"La grabación por parte de la audiencia con propósitos político-partidarios no puede permitirse, pues se trata de una finalidad prohibida en el proceso penal", expresó el juez en una decisión.
El juez también prohibió que los presentes en la audiencia lleven consigo teléfonos móviles, para evitar que haya filtraciones antes de que el expresidente acabe de testificar y se divulgue la grabación oficial.
Antes de esta decisión la defensa de Lula y Moro ya se habían enfrentado debido a un vídeo divulgado el fin de semana por el juez.
El abogado de Lula, Cristiano Zanin, contestó en un comunicado que esa postura de Moro reforzaba su "parcialidad" a la hora de juzgar al expresidente.
"El juez Moro, que debería ser imparcial, habla directamente a sus seguidores; eso no es normal es un sistema democrático; en una democracia los políticos tienen seguidores y detractores, los jueces no (…) en una democracia los jueces no retrasmiten vídeos a sus seguidores", criticó el abogado.
Lula testificará en calidad de acusado por supuestamente haber recibido un apartamento de lujo en Guarujá, São Paulo (sur) de manos de la constructora OAS como forma de soborno.
El expresidente reiteró en todo momento que ese inmueble nunca fue de su propiedad y resaltó que por ahora no hay ninguna prueba que lo inculpe.
Los abogados del expresidente restaron veracidad a estas declaraciones porque no van acompañadas de pruebas y porque se hacen en un contexto de "delaciones premiadas", cuando los acusados reciben promesas de beneficios penales, como reducción de penas, si colaboran con la justicia inculpando a otros.
La declaración de este miércoles se enmarca en una de las cinco causas abiertas contra el expresidente por presuntos delitos de corrupción en el marco de la Operación Lava Jato (lavadero de autos en portugués), que investiga la red de sobornos y negocios ilegales en torno a los contratos de la empresa petrolera semiestatal Petrobras.