En diciembre el Senado le otorgó media sanción a una iniciativa del presidente, "pero eliminó sus inusitados aspectos avanzados y progresistas", señaló Sánchez, coordinadora del Programa Latinoamericano para la Reforma de la Política de Drogas de México Unido contra la Delincuencia (MUCD).
Los senadores anularon pasajes decisivos del proyecto presidencial, sobre todo el aumento de cinco a 28 gramos de la cantidad permitida para portar a los consumidores con fines recreativos, que habría desencadenado la liberación de unas 10.000 personas encarceladas.
El partido del mandatario discutió la iniciativa presentada en mayo del año pasado, poco después de perder las elecciones legislativas de medio mandato en julio de 2015 y de ser derrotado en sus feudos históricos como Veracruz (este), Tamaulipas (noreste) y Quintana Roo (sureste), cuyos gobernadores hoy son acusados por corrupción y peculado.
"El PRI concluyó que había perdido las elecciones por las iniciativas presidenciales sobre la marihuana y la legalización de los matrimonios igualitarios de personas de distintas preferencias sexuales, pero en realidad perdieron por corruptos", sentenció la experta.
Camino en reversa
"La más publicitada, con más tracción mediática, fue la nuestra, que incluía legalizar el uso recreativo", impulsada por el entonces presidente del Senado, Roberto Hill, con el apoyo de intelectuales y expertos, recordó Sánchez.
Era una alternativa a la guerra contra las drogas y el enfoque punitivo contra el uso de cannabis, según la especialista.
Los expertos de MUCD consideraron para su proyecto los avances legislativos en EEUU (estados de Washington, Colorado), Uruguay, Canadá y Portugal.
Esas personas buscaban que el máximo tribunal se manifestara en defensa del respeto al libre desarrollo de la personalidad, porque en realidad eran profesionales que no consumían marihuana.
"Ese litigio estratégico, que duró tres años, intentaba un pronunciamiento del Poder Judicial para acelerar el debate en el Poder Legislativo", reveló la promotora del plan.
El colectivo viajó a Nueva York en abril del año pasado a la sesión especial de la Asamblea General de la ONU, donde el presidente de México sorprendió con un avanzado plan de 10 puntos al proclamar que "la política prohibicionista global ha fracasado".
A su regreso, Peña Nieto presentó su proyecto al Senado.
Los 10 puntos de Peña Nieto contenían cinco políticas progresistas, centradas en el respeto a los derechos humanos del individuo, aumentar la disponibilidad de medicamentos y dejar de tratar a los usuarios como delincuentes, resumió Sánchez.
Los otros cinco puntos "fueron un guiño a las políticas punitivas tradicionales de procuración de justicia, control del narcotráfico y la cooperación internacional", observó.
"El presidente no le daba respaldo constitucional al uso lúdico, que dejó fuera, pero lo apoyamos porque había un avance de la despenalización de uso terapéutico, que puede coadyuvar en el tratamiento de 40 distintas enfermedades", explicó.
En abril el Gobierno de Argentina oficializó la ley que habilita al Estado a garantizar a ciertos pacientes la provisión de aceite cannábico, y a investigar su uso médico y científico.
Pero a la vanguardia sigue estando solo Uruguay, que aprobó en 2013 un sistema regulado por el Estado para la producción, venta y consumo de cannabis recreativo.