"La decisión tiene implicaciones inmediatas: no se realizarán nuevas inversiones en los trabajos de estudio y exploración, los gastos operativos serán reducidos al mínimo y más de 400 trabajadores de las áreas de operación, administración y logística, asentados en la zona, serán liquidados e indemnizados, cumpliendo las normas laborales vigentes en Colombia", informó el portal especializado Mundo Minero.
El domingo 26 de marzo 6.165 habitantes del municipio de Cajamarca votaron en contra del desarrollo de proyectos mineros en esa población, lo que representó un hecho histórico en el país porque marca la pauta para que otras regiones del país recurran a estos mecanismos de participación ciudadana para deliberar sobre el futuro de este tipo de proyectos.
En los últimos años un total de 19 contratos de concesión minera se registraron en Cajamarca, 16 de los cuales fueron atribuidos a AngloGold Ashanti, que pese a reconocer que la abstención en la consulta popular fue mayor al 60 por ciento de la población, señaló que respeta "los medios legales por los cuales los ciudadanos pueden participar en el uso responsable de los recursos naturales del país".
Luego de realizada la consulta en Cajamarca, el ministro de Minas, Germán Arce, dijo que la misma se trató de la decisión de una comunidad que no tiene capacidad para cambiar la ley, mientras que los motivadores de la iniciativa señalaron que la idea oficial no se ajusta a las normas constitucionales y a fallos de los tribunales que le dan a las comunidades locales la capacidad para decidir sobre su desarrollo.
El Gobierno colombiano ha señalado que presentará un proyecto de ley que reglamente el ejercicio democrático de las consultas populares, de manera tal que pueda limitar su capacidad de acción para vetar proyectos de infra y la explotación de los recursos nacionales.