Se estima que en el gobierno del derechista Álvaro Uribe (2002-2010) miles de civiles fueron víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales, conocidas como "falsos positivos". Según González Posso, el fallo judicial "da el mensaje de que hay una preocupación para que opere la Justicia" en Colombia.
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El dictamen responde a la "demanda de los familiares de las víctimas de los falsos positivos, que han estado esperando más de 10 años detrás de los tribunales ante una situación de impunidad muy grande".
Según el director de Indepaz, la Justicia ordinaria podrá apelar a la JEP para los casos de los "falsos positivos", ya que no solo abarca a miembros de las FARC, sino también a agentes del Estado, de las Fuerzas Armadas o de seguridad "que hayan cometido actos atroces en el marco del conflicto".
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Hasta el momento, un coronel fue condenado por hechos similares en un fallo de diciembre de 2016. González Posso comentó que "hay expectativas" de que la JEP pueda proseguir las investigaciones en el cuadro de oficiales.
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"Hace dos años la Fiscalía habló de 22 generales en proceso de investigación y de posibles sanciones pero toda esta situación ha quedado en suspenso y a la expectativa de lo que pase ahora, no en la justicia ordinaria sino en la JEP", expresó el también exministro de Salud (1990-1992).
"Si la jurisdicción los acoge y contribuyen a la verdad y la reparación, entonces pueden tener el beneficio de una apelación o disminución de la pena. Estamos en ese camino pero hay mucha expectativa sobre cuál va a ser el tratamiento diferencial para militares, agentes del sector privado y guerrilleros en todo este sistema nuevo", concluyó.
