La medida fue calificada por los sectores de la oposición como un "golpe de Estado" y equiparada por algunos con la disolución del Congreso que realizó el expresidente peruano Alberto Fujimori en 1992.
Sin embargo, en la práctica la Asamblea Nacional de mayoría opositora se encuentra en una situación de parálisis desde agosto de 2016, cuando el TSJ la declaró en "desacato" por haber incorporado a 3 diputados cuya elección fue impugnada por presunto fraude.
Desde entonces, todas las grandes decisiones adoptadas por el Parlamento, como el acuerdo para iniciar un "juicio político" contra el presidente Nicolás Maduro, han sido anuladas por el máximo Tribunal de Venezuela.
"Omisión legislativa"
La sentencia adoptada por el TSJ este jueves es la respuesta a un recurso de interpretación presentado por la Corporación Venezolana de Petróleo, filial de la estatal PDVSA, sobre el contenido y alcance del artículo 187 de la Constitución de Venezuela que establece las competencias de la Asamblea Nacional.
Los diputados opositores habían amenazado en varias oportunidades al Gobierno con desconocer y anular los acuerdos y contratos suscritos con países como China o Rusia.
La sentencia del TSJ se encarga de aclarar este punto y establece que el presidente Maduro podrá constituir empresas mixtas "en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos" y "deberá informar a esta Sala de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República".
Además, el máximo tribunal consideró que el Parlamento ha incurrido en "omisión legislativa" y ha invocado el artículo 336 de la Constitución, que le otorga el poder para corregir esta situación y de ahora en adelante asumirá sus competencias.
"Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho".
¿Qué pasará ahora?
Según el jurista venezolano Hermann Escarrá, uno de los redactores de la Constitución, la sentencia del TSJ no disuelve a la Asamblea Nacional, como afirma la oposición, sino que asume sus competencias hasta que este poder salga de la situación de "desacato" en la que se encuentra.
Para que la Asamblea Nacional recupere sus competencias el TSJ exige la desincorporación de los tres diputados impugnados y que el cuerpo legislativo reconozca la legitimidad de los otros cuatro poderes que integran el Estado venezolano.
Sin embargo, el actual presidente del Parlamento, el diputado Julio Borges, desconoció la sentencia alegando que "esta Asamblea Nacional desconoce al TSJ, ellos se escogieron a ellos mismos, a nosotros nos eligieron 14 millones de venezolanos".
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Además, aseguró que la decisión "es un golpe de Estado con todas sus letras" y convocó a los seguidores de la oposición a realizar una manifestaciones pública en Caracas para el próximo sábado.
