"La ejecución de una pena, a través de beneficios o reducciones, torna en ilusoria o ineficaz la pena misma, lo que es parte del encubrimiento", declaró en un discurso en Santiago el representante del grupo de trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas o involuntarias (GTDFI).
Actualmente, se discute en el país sudamericano la posibilidad de otorgar el beneficio de libertad condicional a criminales de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que solicitan el indulto presidencial por enfermedad grave o vejez.
En ese sentido, Dulitzky precisó que para la Corte Penal Internacional "no son suficientes las circunstancias particulares de los condenados como la salud o la edad, ya que las respuestas desde la perspectiva de derechos humanos considera primero a la víctima".
Al mismo tiempo, planteó que para la readaptación o la resocialización de la persona condenada, esta tendría que disociarse del delito por el que fue penado, cooperar con la justicia en otros casos, dando participación a las víctimas "con un proceso judicial que fiscalice con criterios objetivos, no arbitrarios ni discriminatorios".
En esta línea, rescató la necesidad de reconocer el objetivo de la pena respecto al Pacto de Derechos Civiles y Políticos o a la Convención de Derechos Humanos.
Miembros del GTDFI se reunieron esta semana en la capital chilena con organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los derechos humanos para evaluar el cumplimiento del Estado a las recomendaciones emitidas en un informe del organismo internacional en enero de 2013.
El abogado se refirió a los deberes del Estado en la materia y a las condiciones que deben darse para entregar beneficios a los militares condenados por violaciones a los derechos humanos.
El funcionario de Naciones Unidas acotó que como en Chile, muchos países tienen individuos condenados por desapariciones forzadas, sin saber la suerte o destino final de la gente desaparecida.
"Quienes hoy se niegan a dar información son responsables penales de la desaparición forzada, porque están contribuyendo a la suerte o el ocultamiento de una persona", añadió.
Una lucha de mujeres
En el encuentro, Dulitzky alabó a Chile por ser "un modelo en sus avances en materia de derechos humanos y justicia, gracias a las organizaciones y agrupaciones de la sociedad civil".
"No es casualidad que la mayoría sean mujeres, porque toda la lucha contra la desaparición forzada en todo el mundo siempre ha sido liderada por mujeres y eso, muchas veces, queda invisibilizado", consignó el especialista.
Según cifras oficiales, 35.000 personas fueron víctimas del régimen de Pinochet, donde 28.000 fueron torturadas, 3.197 muertas y desaparecidas, y un número indeterminado de cientos de miles habrían pasado por centros clandestinos de detención.
Asimismo, unas 200.000 personas habrían sufrido el exilio.
Hasta la fecha, se desconoce el paradero de 1.192 detenidos en dictadura.
