"Todos los delincuentes que han cometido delitos de lesa humanidad tienen varias penas perpetuas en nuestro país, por lo tanto constituye un agravio violento a la historia de Chile que se le entreguen beneficios", señaló en una rueda de prensa el diputado Sergio Aguiló, del partido Izquierda Ciudadana.
"No podemos aceptar que la Corte Suprema vuelva a tener actitudes condescendientes con los casos de violadores a los derechos humanos, como ocurrió en dictadura, haciendo dejación de justicia", sentenció.
Aguiló, en compañía de los diputados comunistas Hugo Gutiérrez y Lautaro Carmona, condenaron el beneficio de libertad condicional que ya ha sido otorgado a los exuniformados Alejandro Sáez Mardonez y Guillermo González Betancourt, sentenciados a cadena perpetua por el caso Degollados, en 1985.
Además, criticaron las declaraciones del ministro de Justicia, Jaime Campos, y el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, quienes se han mostrado abiertamente partidarios de conceder estas regalías.
"Hay que tener un mínimo de humanidad en la vida y de compasión, si por muy delincuentes que sean, también son seres humanos", aseveró Campos al diario local El Mercurio el domingo, donde explicó que es partidario de entregar beneficios a los presos en general para que "vayan a morir tranquilamente a su casa".
Ante esto, Gutiérrez enfatizó que las palabras del secretario de Estado avalan "que el día de mañana los derechos humanos de la población entera sean violados".
Siete militares chilenos condenados por asesinatos y secuestros durante la #dictadura https://t.co/LESH8Fvi8e pic.twitter.com/2j1bh9l0JT
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 18 августа 2016 г.
En la misma línea, manifestó que la postura del ministro Campos y sus dichos "son de una estupidez que no tiene nombre", y que faltan el respeto a la ciudadanía.
Al respecto, Dolmestch recalcó este lunes a la prensa que los jueces poseen absoluta independencia en su actuar y resolverán cada situación "como les parezca".
"Los jueces nos defenderemos como corresponde, pero la independencia en Chile está garantizada", agregó.
Diversas organizaciones de derechos humanos se han manifestado en contra del derecho de libertad condicional a este tipo de penados, ya que "contravienen el derecho internacional".
Al finalizar la dictadura, en 1990 la Corte Suprema realizó un mea culpa sobre el procedimiento de la justicia en dicho período, donde actuó como cómplice de las violaciones a los derechos humanos y como encubridor de los horrores que ocurrían en el país sudamericano.
Durante la dictadura de Pinochet más de 3.000 chilenos fueron asesinados por agentes del Estado, de los que 1.192 aún figuran como desaparecidos.
Asimismo, unos 33.000 fueron víctimas de torturas y presos por motivos políticos.