Ambas delegaciones se reunieron esta semana con el fin de conciliar ciertas diferencias, pero tras el encuentro los dueños de pequeños comercios fueron críticos con la ley.
La naturaleza de la norma tiene como objetivo principal universalizar el acceso a una cuenta bancaria y el pago con débito a través de tarjetas magnéticas.
Las empresas reclaman que se reduzca el arancel que cobran los bancos por el servicio de red para el cobro por débito automático que, según los comerciantes, ataca la competencia.
Los aranceles pueden variar según la empresa entre 1,9 y 2,5 por ciento de la compra sin un gasto fijo.
Según estimaciones del Ministerio de Economía su promedio es de los más bajos de la región, por debajo de Argentina y Chile.
La meta del Gobierno es llegar a un arancel de 1,5 antes de fin de este año.
La guerra se desató en enero cuando la ley incluyó la prohibición de dar ventajas al pago en efectivo contra el pago a débito; sin embargo ninguna empresa está obligada a implementar el servicio, salvo las estaciones de venta de combustible, que deben cobrar con los medios magnéticos en horario nocturno por cuestiones de seguridad.
Por su parte, el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo días atrás a Sputnik que los cambios en el sistema financiero "requieren un proceso de adaptación", pero resaltó la importancia de la ley para los más humildes.
"Al menos una parte de la resistencia es precisamente al cambio profundo que significa; su importancia radica en que es un proceso por el cual acceden al sistema financiero personas que siempre estuvieron excluidas, personas muy humildes que nunca soñaron con tener una cuenta bancaria", dijo el secretario de Estado a esta agencia.
Los primeros días del mes de marzo los empresarios y comerciantes del interior comenzaron una campaña para recolectar firmas con el fin de convocar un referendo para derogar la ley, informaron medios locales.
El presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado dijo a Sputnik que se organizaba un paro de medios de pago para finales de este mes; sin embargo el presidente del Centro Comercial e Industrial del departamento de Treinta y Tres (este), Miguel Brun, declaró a El País que esa medida era insuficiente.
"La primera idea era la de un apagón de tarjetas, pidiendo al usuario que no realice compras, ni otras acciones con las tarjetas, pero pensamos que no alcanzaba", comentó el representante al periódico local.
El Gobierno entiende que hay puntos de la ley para ir solucionando, sobre todo en el interior del país y prometen continuar el trabajo para mejorar la situación.
"Reconozco la necesidad de ir solucionando problemas que en la práctica se le presentan a negocios muy modestos, a zonas rurales apartadas del país, que a veces no tienen cómo moverse en esta situación; todos esos problemas existen, los reconocemos, y hay que seguir trabajando", admitió Astori.
Uruguay aprobó la Ley de Inclusión Financiera en 2014 pero ha ido implementando cambios y ajustes hasta la actualidad.
